Desde octubre del año pasado, el régimen de Daniel Ortega viene dictando decretos arbitrarios y resoluciones amañadas de magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), con el fin de preparar la farsa electoral del próximo año que le permita seguir en el poder después de enero del 2012.
Con ese propósito se dictó en octubre del año pasado, la falsa resolución de 6 magistrados orteguistas para que la prohibición constitucional de la reelección presidencial en períodos sucesivos y por más de dos veces, no se aplique a Daniel Ortega. Con idéntico objetivo Ortega dictó el llamado “decretazo”, mediante el cual se arroga la facultad de mantener en sus cargos a los magistrados y otros funcionarios elegidos por la Asamblea Nacional, a los cuales se les han vencido o se les vencerán sus períodos. Igual intención tiene la exhumación de una disposición constitucional transitoria que fue establecida en 1987 para resolver una situación resuelta hace más de 20 años. Y lo mismo se debe decir de la también falsa resolución judicial que ordena a los diputados no derogar el decretazo de Ortega y los amenaza con quitarles la inmunidad y mandarlos a la cárcel.
También forman parte de esa estrategia, las disposiciones que algunos magistrados orteguistas dieron a conocer el miércoles de esta semana para, uno, concederle una diputación al señor Alfredo Gómez Urcuyo, quien completó el período vicepresidencial del liberal constitucionalista José Rizo cuando éste renunció al cargo para postularse como candidato presidencial; dos, devolverle la diputación que se le arrebató a principios de 2007 al conservador Alejandro Bolaños Davis; y, tres, regresarle la personalidad jurídica al Partido Conservador, al que se le suprimió porque supuestamente no cumplió uno de los requisitos básicos de la Ley Electoral.
Ahora bien, en el caso de la adjudicación de una curul a Gómez Urcuyo, se trata sin duda de otro atropello flagrante al orden constitucional. El artículo 133 de la Constitución dice claramente que: “También forman parte de la Asamblea Nacional, como diputados propietario y suplente respectivamente, el ex Presidente de la República y el ex Vicepresidente ELECTOS POR EL VOTO POPULAR DIRECTO (las mayúsculas son nuestras) en el período inmediato anterior ”. Esto significa que los únicos que deberían ser diputados, propietario y suplente, son Enrique Bolaños Geyer y José Rizo, quienes fueron elegidos como Presidente y Vicepresidente de Nicaragua para el período del 10 de enero de 2002 al 10 de enero de 2007.
Sin embargo, el ex presidente Bolaños Geyer no asumió el cargo de diputado al parecer por una consideración ética, pues se trata de una diputación inmerecida, derivada del pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán. En este caso, a quien le correspondería ocupar la curul es a quien fue elegido como Vicepresidente, o sea José Rizo, pero como éste renunció a la Vicepresidencia el CSE le negó la diputación. De manera que la Corte Suprema de Justicia, lo que debía resolver ante la apelación que interpuso el ex vicepresidente Rizo, era concederle a éste el cargo de diputado, si tal es lo que corresponde de acuerdo con la Constitución, o en todo caso dejar vacante la diputación, pero no dársela a quien no llena el requisito constitucional porque no fue elegido mediante voto popular para ejercer la Vicepresidencia de Nicaragua.
El presidente orteguista de la Sala Constitucional de la Corte justificó la asignación del escaño a Gómez Urcuyo, porque éste fue diputado en el período anterior, elegido mediante el voto popular. Pero la Constitución no dice que el cargo de diputado que le corresponde al ex Presidente y ex Vicepresidente de la República, lo podrá ejercer alguien que por elección indirecta los hubiera sustituido, de manera temporal o definitiva, en cualquier momento o tramo de su período de cinco años. De modo que lo dicho por el presidente orteguista de la Sala Constitucional es un simple disparate con pretensión de doctrina jurídica.
En realidad, está tan claro como el agua limpia que lo que quiere el orteguismo con toda esta demolición de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, es demostrar que Daniel Ortega está por encima de la Constitución y de la ley. Pero además, con estas quiere provocar más división en las filas opositoras y preparar el escenario de la farsa en la que quieren convertir las elecciones de noviembre del próximo año, para que Ortega pueda seguir en el poder y consolidar la nueva dictadura. Tan sencillo y siniestro como eso.
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