Por Miguel J. Chamorro R.
La nueva ley SB 1070 de Arizona se puede caracterizar como la culminación de varios años de pasividad por parte del gobierno federal con respecto a la inmigración ilegal en Estados Unidos. Arizona es foco de la ira hispana por lo que se considera, con cierta certidumbre, como una ley discriminatoria. Pero sería un error descartarla, meramente, como una reacción racista de un estado azotado por la inmigración ilegal o como novedosa. Es más bien una ley que inevitablemente se ha venido fraguando a lo largo de varios años y que codifica, a nivel estatal, una colección de leyes federales en vigencia, como la que criminaliza la falta de documentación de un inmigrante, 8 U.S.C. 1306.
Políticamente hablando, la SB 1070 fue aprobada porque Arizona se cansó de ver que el gobierno federal no logre o quiera controlar la frontera con Méjico. Se estima que hay 460,000 inmigrantes ilegalmente en Arizona y que en el año 2008 hubo apenas 5 convicciones bajo la ley 8 U.S.C. 1306 en todo el país. A nivel nacional, aparentemente, ni el partido republicano (que busca el voto hispano) ni el demócrata (que lo quiere retener) hacen mucho por tratar de solucionar el problema por miedo a espantar el bloque de votos hispanos. He aquí la frustración del Estado de Arizona, que atribuye un gran porcentaje de todo tipo de crímenes cometidos en el estado a la inmigración ilegal.
Repasemos lo que dice la SB 1070, también conocida como el “Acto de apoyo a nuestras leyes y a los vecindarios seguros”. Al igual que su contraparte federal, codifica como delito menor el no portar documentación de inmigración. Sencillamente, criminaliza el mero hecho de no acatar la ley federal con el resultado final de que el condenado es luego transferido a las autoridades de inmigración. Quizás lo más novedoso de esta ley es que expone al gobierno estatal a demandas civiles por cada instancia en que la ley no se aplique. O sea, alguien podría demandar a la policía estatal por no cumplir su deber de aplicarla. Enfoquémonos, entonces en las palabras claves de la SB 1070 que hacen que la policía ejecute esta ley: la existencia de sospecha razonable.
La ley autoriza a la policía a exigir a alguien que muestre documentación legal cuando existe una sospecha razonable de que ese individuo está violando la SB 1070 (o la 8 U.S.C. 1306). Se requiere en todo Estados Unidos una sospecha razonable para emprender la investigación de cualquier crimen, sea de alguien sospechoso de asaltar un banco, conducir en estado de ebriedad, traficar drogas o ingresar al país ilegalmente. El nexo entre sospecha razonable y causa probable, otro principio constitucional, se puede ejemplificar de esta manera: para que un policía pueda detenerlo y cuestionarlo, debe existir una sospecha razonable de que usted cometió o cometerá un crimen; basado en sus observaciones, el policía puede obtener causa probable para arrestarlo.
Es fundamental para este análisis que la constitución federal prohíbe estrictamente que se emprenda una investigación basada únicamente en el color o raza de uno, algo que la SB 1070 reconoce. Existen miles de decisiones judiciales a nivel estatal y federal delineando la existencia o ausencia de causa probable y sospecha razonable. Es tan o más común, de hecho, librarse de un cargo por culpa de que la policía violó uno de estos principios constitucionales a que un jurado lo absuelva. Por esto la Gobernadora de Arizona declaró que habrá entrenamiento especial para las agencias estatales para que esta ley se ejecute de manera constitucional.
No obstante, las protecciones constitucionales sirven de poco consuelo para muchos en especial los que no obtengan representación legal. Será difícil distinguir las ocasiones en que la ley se aplique debidamente cuando el 99.9 por ciento de los afectados serán hispanos. Sólo el tiempo dirá cómo esta nueva ley impactará a la ciudadanía y tribunales de Arizona. Las marchas cívicas continuarán y los políticos seguirán metiendo cuchara. De todos modos, quizá ya esté dando frutos por dos razones: el mero hecho de que se aprobó ha servido como disuasivo para varios inmigrantes, legales e ilegales, y otros estados ya están pensando en una medida similar.
El autor es abogado en Miami, Florida
Ver en la versión impresa las páginas: 13 A
