Por Silvio Avilés Gallo
Los últimos acontecimientos en Nicaragua vienen a confirmar una triste realidad: la democracia ha dejado de existir y ha cedido su lugar a un régimen caracterizado por el autoritarismo en todos los niveles de gobierno. Desde el 10 de enero de 2007 el país ha retrocedido a pasos agigantados por la ruta del caudillismo, la corrupción, el cinismo descarado y la violencia institucionalizada.
Con un desfase de más de dos siglos, renace en Nicaragua el absolutismo al que puso fin la Revolución Francesa en 1789 y el émulo de Luis XIV, parafraseando su dogma “el Estado soy yo”, afirma, con toda desfachatez, “el pueblo soy yo” y se arroga facultades que sólo a la totalidad de pueblo corresponden.
El descaro ha llegado a tal extremo que los magistrados (amaestrados) de la Corte Suprema de Justicia intervienen abiertamente y sin tapujos en las atribuciones de los otros poderes del Estado. Pasando por encima de la Constitución y las propias leyes del Poder Judicial, desconocen la facultad exclusiva de la Asamblea Nacional y han pretendido esta vez despojar de la inmunidad a un grupo de parlamentarios, como antes se atribuyeron la decisión de modificar arbitrariamente la Constitución para favorecer las pretensiones autoritarias y continuistas del titular del Ejecutivo. Sólo en un país como Nicaragua puede presenciarse el lamentable espectáculo de ver a magistrados sandinistas encabezar una manifestación de turbaleros maleantes y terroristas para atacar a morterazos el hotel donde sesionaban diputados opositores, mientras las supuestas fuerzas del orden observaban impasiblemente los desmanes de los frentistas.
Los nicaragüenses han sido abandonados a su suerte, ante la indiferencia cómplice de organismos internacionales, como la OEA, que presuntamente tiene la misión de velar por el respeto de los derechos humanos y actuar prontamente cuando la institucionalidad democrática está en riesgo. En el caso de la crisis de Honduras, como se trataba de un protegido del dictador venezolano, la organización regional, con su Secretario General a la cabeza, se movilizó prestamente para expulsar a Honduras de su seno. A estas alturas, cuando el pueblo hondureño eligió libre y democráticamente a sus autoridades, varios gobiernos que siguen las directrices chavistas todavía se niegan a aceptar al gobierno del presidente Lobo Sosa y pretenden el regreso del aprendiz de dictador Zelaya al poder.
El pueblo que no defiende ni lucha por sus derechos termina subyugado por la opresión y es presa fácil de la voracidad del tirano de turno. Ante la falta de patriotismo de la ciudadanía, el Estado de Derecho se ha transformado en Estado de Desecho. Nicaragua ha dejado de ser República.
El autor es diplomático nicaragüense en retiro
