La VI Cumbre de Europa, América Latina y el Caribe, que tendrá lugar el miércoles de la próxima semana en Madrid, España, se celebrará en un ambiente sombrío, el más pesimista desde que se realizó el primero de estos cónclaves, en junio de 1999, en Río de Janeiro, Brasil.
Es que los gobernantes de Europa llegan a esta Cumbre afrontando una tremenda crisis económica y financiera, la peor desde que se constituyó formalmente la Unión Europea en noviembre de 1993. Los drásticos programas de ajuste que están aprobando y comenzando a aplicar los gobiernos de Europa para enfrentar la crisis, desalientan cualquier esperanza que podrían albergar aquellos gobernantes de América Latina y el Caribe que están acostumbrados a pedir y esperan que los problemas de sus países sean resueltos por la cooperación extranjera, la que inclusive exigen como si fuera una obligación de los países desarrollados.
España, por ejemplo, que es el país anfitrión de la VI Cumbre de Europa, América Latina y el Caribe, anunció el jueves de esta semana un drástico programa de ajuste, mediante un dramático discurso ante el Congreso que pronunció el jefe del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El plan incluye la reducción del 5 por ciento en el salario de 2 millones 600 mil empleados públicos, el congelamiento el próximo año de las pensiones de 6 millones de pensionados, y fuertes recortes en el gasto de salud e inversión pública. El Gobierno de España se propone ahorrar 15,000 millones de euros, que equivalen a un poco más de 18 mil millones de dólares, para reducir el gran déficit en el gasto público que actualmente es del 11.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en el año 2013 deberá estar reducido al 3 por ciento del PIB.
Pero no sólo España está aprobando un duro programa de ajuste para enfrentar la crisis y evitar el colapso del euro, lo cual tendría consecuencias catastróficas para todos. Grecia, el país de Europa más afectado por las consecuencias del hecho irresponsable de que durante años los gobiernos han gastado mucho más de lo que permiten los ingresos de los Estados, está sumergido en una profunda crisis social por el rechazo de la población al draconiano programa de austeridad. Pero no tiene alternativa. Y Portugal anunció, el recién pasado jueves 13 de mayo, su propio plan de ajuste mediante el cual pretende disminuir el déficit fiscal, de 9.4 por ciento que fue en el año 2009, al 7.3 por ciento este año y al 4.6 por ciento en 2011. Esto significa que se reducirá el gasto público, se recortarán los sueldos en el Estado y se aumentarán los diversos impuestos, incluyendo el IVA, que subirá del 20 al 21 por ciento.
Hasta los gobiernos de países que tienen más solidez económica, como Alemania, Francia e Inglaterra, están adoptando las correspondientes medidas para reducir sus déficits fiscales de manera significativa. Esas medidas implican el congelamiento de los salarios en el sector público y de los gastos estatales en general, la disminución de los subsidios a los sectores sociales más desfavorecidos, el incremento de los impuestos, el aumento de las cotizaciones necesarias para la jubilación, y, por supuesto, una reducción cuantiosa de las ayudas al desarrollo en África, Asia y América Latina. De manera que los gobernantes de aquellos países que acostumbran llegar a las reuniones con los líderes de las naciones desarrolladas y ricas, llevando la mano extendida y extensas listas de peticiones, tendrán que conformarse esta vez con muy poco o nada. En lo que se refiere específicamente a Nicaragua, desde antes de la crisis ya los países de Europa estaban reduciendo o finalizando sus programas de ayuda, y ahora lo menos que se puede esperar es que reduzcan mucho más su cooperación externa.
Finalmente, hay que decir que también política y moralmente la VI Cumbre de Europa con América Latina y el Caribe estará a la baja. Eso se puede deducir fácilmente del hecho vergonzoso de que los jefes de Estado y de Gobierno genuinamente democráticos de Europa y América, cordializan con gobernantes totalitarios, despóticos y autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ni siquiera se atreven a pedirles —mucho menos a exigirles— que respeten el elemental derecho de sus pueblos a tener elecciones libres y limpias, a vivir en libertad y a gobernarse en democracia, igual como viven y se gobiernan los pueblos europeos.
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