CARACAS/AFP
El presidente venezolano Hugo Chávez decretó la “adquisición forzosa” de la privada empresa de alimentos Monaca, filial del grupo mexicano Gruma, para el establecimiento de un proyecto “socialista agroindustrial” estatal, reseñó La Gaceta Oficial publicada ayer, jueves.
Chávez decretó la “adquisición forzosa” de todos los bienes de Monaca, “que sirven a la producción, procesamiento y almacenamiento a gran escala de harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena”, entre otros productos.
Según el texto, las instalaciones serán destinadas a la ejecución de la obra “consolidación de la capacidad de procesamiento socialista agroindustrial para la Venezuela del siglo XXI”, a cargo de la empresa estatal CVA Cereales y Oleaginosas.
En este proyecto, cuya ejecución se califica de “urgente”, podrán participar los actuales trabajadores de la empresa en asociaciones y cooperativas de trabajo “bajo el régimen de propiedad colectiva”.
Los alimentos básicos, como los que produce Monaca, están desde 2003 bajo un sistema de control de precios. El Gobierno venezolano ha incrementado su vigilancia sobre el sector con el objetivo de paliar la escasez que se manifiesta de forma periódica.
En 2009 el Ejecutivo fijó por decreto cuotas obligatorias de producción para una docena de alimentos básicos. Por esta razón, las industrias agroalimentarias deben destinar entre 70 y 95 por ciento de su producción, dependiendo del rubro, a una oferta de productos con precio regulado.
En los últimos años el Gobierno venezolano ha expropiado o intervenido temporalmente varias empresas vinculadas a la alimentación, como procesadoras de arroz, centrales azucareras o torrefactoras de café.
El año pasado expropió una procesadora de arroz del grupo estadounidense Cargill, así como una zona industrial donde funcionan instalaciones de la compañía venezolana privada Polar, una de las principales de alimentos y bebidas del país.
FÉRREO CONTROL DE CAMBIO
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó ayer en segunda lectura la reforma de una ley sobre delitos cambiarios que otorga al Banco Central (BCV) el control de las operaciones, incluidas las del mercado del dólar paralelo.
“Queremos tener transparencia, que cada quien sepa a quién se le otorgan las divisas”, dijo el diputado oficialista Ricardo Sanguino, impulsor de la reforma de ley.
Con este cambio de normativa, el BCV pasa a controlar el llamado dólar permuta, una forma legal de obtener dólares en Venezuela vía la venta de títulos y bonos, cuyo valor lo fija la ley de la oferta y la demanda.
En estos momentos el dólar permuta se cotiza a valores muy superiores a los precios oficiales del billete verde y su divulgación está prohibida por ley.
Ahora, el BCV autorizará cuáles instituciones financieras podrán realizar operaciones con bonos y fijará límites para el valor de este dólar permuta.
“Se acabó que los empresarios venezolanos que no quieren al país compren títulos y los vendan en el extranjero para sacar los dólares”, señaló Sanguino, tras señalar que estas operaciones son “la causa por la que no se hacen inversiones y no aumenta la producción interna”.
OPOSICIÓN RECHAZA
En Venezuela impera desde 2003 un férreo control de cambio y el Gobierno es el encargado de otorgar dólares a empresas y particulares.
Pero el Ejecutivo no está dando suficientes dólares para asumir las millonarias importaciones de bienes, de las que Venezuela depende y por tanto, empresas y particulares acuden a este mercado permuta a comprar dólares, lo que hace que su precio se haya disparado últimamente.
El diputado opositor Juan José Molina rechazó la aprobación de estos cambios en la normativa, porque considera que “se va a generar un mercado negro del dólar que no va a poder ser controlado por esta legislación”.
Pero la ley prevé este auge del mercado negro o ilegal y estipula que si se realizan operaciones cambiarias sin la supervisión del BCV, que superan los 10,000 dólares al año, la multa será el doble del monto de la operación.
Además, si la cantidad supera los 20,000 dólares al año, se contemplan penas de cárcel de entre dos y seis años.
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