Como si se tratase de un certificado de buena conducta, los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) extienden el aval político a sus simpatizantes, a fin de que éstos puedan utilizarlos como la credencial que les permita tener acceso a una fuente de empleo en cualquier institución pública.
Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de los Trabajadores del Sector Público adscrito a la Confederación de Unificación Sindical (CUS), refirió que según tiene información estas constancias son remitidas a los representantes de los llamados Comités de Liderazgo Sandinista existentes en las instituciones públicas para ubicar a los candidatos a un puesto de trabajo.
De esta manera, afirmó Leiva, el Gobierno violenta la Ley 476, del Servicio Civil y Carrera Administrativa, que establece el sistema de previsión, como es: el mérito, capacidad e igualdad.
Una de estas constancias en poder de LA PRENSA revela la forma en que son recomendados los portadores de la misma. “No omito manifestar que este compañero siempre se ha caracterizado por su alto grado de disciplina en el cumplimiento de las tareas sociales que se le han asignado en pro del avance y progreso de este sistema de unidad y reconciliación”, dice en parte del texto.
En la edición de LA PRENSA del lunes 10 de mayo se hace referencia a datos que aparecen en la agenda laboral 2009 del Ministerio del Trabajo (Mitrab), que destaca que en 2009 un poco más de cuatro mil personas obtuvieron un empleo en el sector público únicamente con la recomendación que les dieron los CPC. Esta situación es recogida en un informe anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Sin embargo, a criterio de Leiva Sánchez, esta cifra es mínima si se toma en cuenta las denuncias que esa organización recibe de trabajadores que reclaman por el requerimiento que les hacen de un aval de los CPC.
Así como el hecho de que en el acto dedicado al Día Internacional del Trabajo, con el ofrecimiento del bono de 529 córdobas, el presidente Daniel Ortega dijo que el mismo beneficiaría a 120 mil servidores públicos, cuando para el 2006 la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejó un inventario en las más de 52 instituciones del Estado de 97 mil servidores públicos, lo que confirma el incremento.
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