Panamá/ACAN-EFE
Centroamérica necesita aplicar leyes para garantizar la igualdad de género y que tipifiquen el femicidio y la discriminación racial, dijo hoy en la capital panameña la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en América Central, Verónica Birga.
«La existencia de normas para lograr la implementación de estos derechos es importante, pero no son suficientes. Hay que lograr que éstas sean implementadas», señaló Birga a los periodistas durante la presentación de dos informes sobre discriminación racial y discriminación de la mujer en Panamá.
Indicó que los informes presentados muestran avances en cada uno de los países de la región, en temas de género, discriminación y en derechos económicos, sociales y culturales, pero en la mayoría de ellos pueden mejorarse los esfuerzos para eliminarlos totalmente.
«Es necesario, por ejemplo, que se logre respuesta en el aparato judicial frente a la demanda de seguridad ciudadana, violencia contra la mujer, violencia contra los niños y la erradicación del trabajo infantil», inquirió.
Señaló que la discriminación racial en la región sigue siendo una preocupación para la organización porque genera pobreza y exclusión, que al final trae como resultado una sociedad sin oportunidades y sin gozo de derechos.
«La discriminación es uno de los focos que nosotros hemos tomado para analizar (…) porque realmente el tema nos preocupa», precisó.
Afirmó que los afrodescendientes y los indígenas, sobre todos sus mujeres y niños, son los que sufren más en Centroamérica la exclusión, aunque no ofreció datos al respecto.
Por su parte, el defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, dijo que la discriminación en este país es uno de los temas pendientes de resolver.
Agregó que en muchas ocasiones hay casos de discriminación, no sólo por el color de la piel, sino en el ámbito laboral, por enfermedad o discapacidad que no son reportados, lo que impide un seguimiento de la situación.
«Hay un largo camino que recorrer en materia de sensibilización y educación de nuestra población, para que reconozcan las distintas formas de discriminación y la denuncien, de manera que podamos avanzar en otros mecanismos, incluso de sanción contra quienes discriminan», matizó.
Sobre el tema de los femicidio, Vargas indicó que las cifras reportadas este año causan una gran preocupación.
Señaló que en lo va de 2010 se han reportado 34 mujeres asesinadas, 25 de estos casos identificados como femicidios -asesinatos relaciones con la condición de mujer de la víctima-, lo que indica que podría superarse las cifras del año pasado cuando fueron registradas 80 muertes.
En el informe de Panamá presentado por los representantes de la ONU se exhorta al Estado panameño a que asigne recursos financieros y humanos para supervisar y evaluar la aplicación de las medidas jurídicas que apoyan y defienden a la mujer.
«Se insta también al Estado a que adopte medidas para ocuparse del femicidio en el Código Penal y otras leyes pertinentes en un plazo claro, y a que se recopilen datos fiables sobre este flagelo.
