El proyecto hidroeléctrico Tumarín, ubicado en la cuenca del Río Grande de Matagalpa, afectará a 120 finqueros y a unas 60 familias campesinas de la comunidad de Apawas, ya que ocupará cerca de siete mil 900 manzanas de tierras de esa localidad, según una información publicada en La Gaceta del 30 de abril pasado.
El brasileño Marcelo Conde, presidente de Centrales Hidroeléctricas de Centroamérica (CHC), la empresa que lleva a cabo el proyecto, informó que ya se están asegurando de proteger los derechos de las personas afectadas, quienes tendrán oportunidad de continuar con sus vidas en otras tierras que denominarán el nuevo Apawas.
De acuerdo con Conde, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) ya cuenta con un presupuesto que será utilizado sólo para indemnizar a los finqueros y pobladores cuyas tierras se vean afectadas por el proyecto Tumarín, el cual mediante la Ley Especial 695 fue aprobado unánimemente por los diputados de la Asamblea Nacional en julio del 2009.
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Un aspecto importante para Conde es que, de acuerdo con el último párrafo de la Ley 695, el proyecto Tumarín va a reconocer como afectados a todas las personas que demuestren que tienen tres años o más de estar en posesión de la parcela de tierra afectada, aunque no tengan títulos legales y se compensarán con igual derecho que los demás afectados legalizados.
La lista de los afectados ya fue publicada en La Gaceta del 30 de abril pasado, para que después no existan personas que de última hora quieran aparecer como tales, a menos que demuestren serlo con título de propiedad o con tres años o más de posesión de la tierra.
AÚN NO HAY VALORES DEFINIDOS
Conde indicó que todavía no existen valores definidos para la indemnización, pero para tal fin se está trabajando coordinado con instituciones de Gobierno como el Ineter, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Ingresos (DGI).
Roberto Aguiar, gerente general de CHN, indicó que se ha reunido con los finqueros y los pobladores de Apawas, para negociaciones con respecto a la indemnización que recibiría cada uno de los afectados.
Aguiar señaló que se brindarán opciones a los afectados, quienes podrían elegir entre recibir dinero o ser compensado con otro terreno en lo que sería el nuevo Apawas.
El proyecto hidroeléctrico Tumarín, por su importancia, ya que con el mismo se espera superar la crisis energética del país establecida en la Ley 554, fue considerado en la Asamblea como “de interés general y social”.
Tumarín generará unos 200 megavatios en su máxima capacidad y por lo menos 120 megavatios en su período de menor explotación.
Marcelo Conde indicó que para fines de este año 2010 “tenemos el proyecto Tumarín bastante avanzado. Es un proyecto prioritario de apoyo del Gobierno brasileño a Nicaragua, desde que el presidente Lula (Da Silva) vino a Nicaragua en 2007”.
Según Conde, el proyecto Tumarín trae beneficios al país porque harán trabajos de reforestación, generará al menos seis mil empleos y se podría bajar la importación de petróleo y la tarifa de energía eléctrica.
Además se rehabilitarán carreteras y se construirán nuevas, se mejorarán las condiciones productivas y de vida de las personas que vivan alrededor del proyecto.
El complejo hidroeléctrico Tumarín, que pertenece al grupo Queiroz Galvâo de Brasil, pasará a ser administrado por el Estado nicaragüense en 30 años, según quedó establecido en la Ley 695.
Conde expresó que CHN ha sido transparente en todo el proceso para que el proyecto Tumarín sea una realidad y por eso la empresa quiere respetar los derechos de todas las personas cuyas tierras se vean afectadas por el mismo y así no existan problemas de propiedad en el futuro.
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