QUITO/AP
El temor de que el agua sea privatizada o acaparada, negando su acceso a las comunidades indígenas, moviliza a estas organizaciones en rechazo a un proyecto de ley, y uno de sus líderes reiteró una convocatoria a movilizaciones de protesta a partir del lunes, en declaraciones que publica el domingo la prensa.
El proyecto, a punto de aprobarse en la legislatura, controlada por el oficialismo, regula los recursos hídricos y el uso y aprovechamiento del agua.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo, se convirtió así en motivo de discordia y propició recientes manifestaciones que concluyeron en incidentes que dejaron más de 20 heridos y contusos, entre policías e indígenas.
Las organizaciones anunciaron que desde el lunes se radicalizarán sus protestas, caracterizadas por el cierre de vías, y quema de llantas.
«Las acciones continúan y no vamos a dejar en paz hasta tener los resultados que pedimos. Si hay que actuar lo haremos», dijo al diario El Comercio, Delfín Tenesaca, presidente de la organización indígena Ecuarunari.
«Estamos exigiendo la desprivatización del agua», agregó.
Según estimaciones citadas por el dirigente indígena, en la costa ecuatoriana «el 65% del agua está en manos privadas», mientras a los suburbios no llega el servicio.
Jaime Abril, legislador oficialista que lidera el tema en la Asamblea, aseguró que un artículo del proyecto «prohibe toda privatización del agua» y garantiza la redistribución del recurso para eliminar su acaparamiento.
En declaraciones difundidas el domingo por el canal estatal Ecuadortv, acusó a la dirigencia indígena de ir en «busca el poder» a través de esta ley.
Abril se refirió a otro tema conflictivo como el nombramiento de una Autoridad Unica del Agua, organismo encargado de la rectoría, concesiones y distribución, que contaría con el voto dirimente del Secretario del Agua, nombrado por el Ejecutivo.
El sector indígena reclama que el poder de decisión recaiga en un «consejo plurinacional», integrado en parte por sus representantes.
«Un recurso estratégico no puede estar en manos de una organización» sino del Estado, dijo Abril.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, afirmó que el gobierno está abierto al diálogo pero no aceptará propuestas inconstitucionales como «quitar la rectoría al Ejecutivo o eliminar a la empresa privada del uso del agua en el sector turístico y el embotellamiento», acotó.
Otros temas polémicos son la cantidad vital y tarifa mínima, la consulta previa en materia ambiental y el aprovechamiento para envasado del agua.
Para la aprobación de la ley resta únicamente la votación.
