El presidente Daniel Ortega y los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrollaron ayer una “operación tenaza” en contra de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, a quienes ordenaron frenar el trámite de una ley que derogaría el decreto 03-2010 y además les advirtieron que —supuestamente— violan la Constitución.
Pero en el parlamento los diputados opositores mantuvieron que la ley contra el decretazo será dictaminada hoy.
Ortega envió ayer al parlamento un comunicado diciendo que no asistiría a una cita con la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, para analizar el decretazo, aduciendo que todo lo actuado ha sido ilegal.
RADICAN ILEGALMENTE RECURSO
Y casi al mismo tiempo, pero en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados orteguistas radicaron ilegalmente un recurso de conflicto entre poderes del Estado que introdujo —sin el aval de la Junta Directiva del parlamento— la diputada sandinista Alba Palacios, el 8 de febrero de este año, relacionado con el decreto 03-2010 que emitió el presidente Ortega y que prorroga en sus cargos a 23 funcionarios de Estado.
En medio de las dos acciones, los diputados José Pallais, Adolfo Martínez Cole y Alejandro Ruiz aseguraron por separado que la ley contra del decretazo será dictaminada a más tardar hoy.
El primer secretario de la Junta Directiva, Wilfredo Navarro, añadió que luego de recibir el dictamen, presionará para que pase a la orden del día y sea discutido y aprobado lo más pronto en el plenario, y de mantenerse los 48 votos, el decreto de Ortega quedaría derogado.
En su carta al parlamento, Ortega desconoció el trámite de la ley contra el decretazo y “ordenó” a los diputados abstenerse de seguir impulsando la iniciativa, para que no lesionen “la supremacía constitucional”.
Ortega se fundamentó en las sentencias 99, 100, 101 y 102 de la Sala Constitucional de la CSJ, “las cuales están firmes y pasadas por autoridad de cosa juzgada, dejando incólume el decreto 03-2010, dictado por el Presidente de la República, ordenando a la vez a la honorable Asamblea Nacional se abstenga de continuar cualquier procedimiento a la derogación de dicho decreto”.
UNA ILEGALIDAD SOBRE OTRA
Además, según Ortega, el Tribunal de Apelaciones de Managua amparó al diputado Edwin Castro, desconociendo la sesión realizada el 20 de abril en el hotel Holiday Inn, en la cual se tramitó la ley contra el decretazo.
Ortega se arropó en el recurso de conflicto entre poderes que introdujo la diputada Palacios, quien actuó a título personal, pues la Junta Directiva del parlamento rechazó esa acción en una votación oficial que quedó 4 a 3.
“La Asamblea debe esperar que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, sobre la validez del decreto 03-2010, antes de continuar tramitando la supuesta ley derogatoria del decreto; mientras tanto, las cuatro sentencias de la Sala de lo Constitucional supraindicadas son completamente válidas”, añadió Ortega en un escrito que entregó a la Asamblea Nacional la abogada Claudia Curtis, coordinadora de asesoría legal de la Presidencia.
Y finalmente Ortega recordó la “resurrección” del transitorio segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, que decía que los funcionarios de aquél período podían permanecer en sus cargos mientras el parlamento no escogiera a sus reemplazos.
Ortega exhortó a los diputados a nombrar a la “mayor brevedad posible” a los 25 funcionarios de Estado. “En sus manos está la solución”, les dijo.
El diputado Pallais calificó como “ridículas, ilegales e inconstitucionales” las justificaciones de Ortega, aunque agregó que “sus opiniones van a ser incorporadas al informe” de la Comisión de Justicia.
ROSALES Y SOLÍS HACEN “APARECER” A MAGISTRADA MOLINA
En la CSJ los magistrados orteguistas radicaron ilegalmente el recurso de conflicto positivo entre poderes del Estado, acuerpándose en la supuesta firma de la magistrada Ligia Molina, en la reunión celebrada a las 10:20 a.m. del 7 de abril, pese a que según el acta número 11 de la Sala Constitucional levantada en esa reunión por Zelmira Castro, secretaria de la Sala, Molina no estuvo presente, “por encontrarse de vacaciones”. O sea que en realidad el 7 de abril sólo había la firma de dos (Rafael Solís y Francisco Rosales) de los seis magistrados, ya que los tres liberales no firmaron.
Para el magistrado Sergio Cuarezma Terán es cuestionable el hecho de que ahora la secretaria Castro haya dado fe pública de que la magistrada Molina firmó la cuestionada resolución el día miércoles 7 de abril, cuando ella se encontraba de vacaciones.
“La mentira tiene piernas cortas”, resaltó Cuarezma al referirse a las contradictorias acciones de Zelmira Castro, que caen en la ilegalidad dado que da fe pública de la acción de una persona que no estuvo presente al momento de la misma. Castro no quiso hablar sobre el tema, según dio a conocer la oficina de relaciones públicas de la CSJ.
Raro fue también para el magistrado Cuarezma el hecho de que el día 7 de abril todavía era magistrado el liberal Dámicis Sirias, quien al igual que él y Escobar Fornos tampoco aparecen firmando la resolución en la que se radicó el recurso de conflicto entre poderes. Además, el tema del recurso de conflicto positivo entre poderes del Estado ni siquiera estaba en la agenda que la Sala Constitucional tenía previsto discutir ayer.
Los magistrados Cuarezma Terán e Iván Escobar Fornos, miembros de la Sala Constitucional, enviaron a Castro por escrito su rechazo a lo resuelto ayer. Cuarezma dijo que la resolución de ayer no tiene efecto jurídico.
El magistrado Rosales, presidente de la Sala Constitucional, dijo que al radicarse el recurso (ilegalmente), también ordenaron mantener vigente el decreto de Ortega, para que la Asamblea Nacional no siga tramitando la ley que derogaría el “decretazo”, hasta que la Sala no se pronuncie sobre el fondo del recurso de Palacios. Cuarezma y Escobar discreparon por completo.
“La resolución presentada tiene carácter definitivo, atribuyéndose funciones la Sala que le corresponden a la Corte Plena y en otros puntos excediéndose al objeto de conflicto. Se rechaza el recurso del diputado Oscar Moncada; se gira oficio a los tribunales de apelaciones del país a que se abstengan de conocer y continuar tramitando cualquier recurso de amparo en contra del decreto 03-2010 del Poder Ejecutivo; también gira oficio al presidente de la Asamblea Nacional a que se abstenga de seguir tramitando el proceso de formación de la ley derogatoria del decreto 03-2010 hasta que la Sala se pronuncie en el conflicto de competencia, lo cual es facultad de la Corte Plena; la resolución no ordena que pase al conocimiento de la Corte Plena, entre otras cosas”, enumeraron Cuarezma y Escobar las violaciones de lo resuelto por los magistrados orteguistas.
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