Ciudadanos opositores que ocupan cargos públicos de representación acusaron el martes de esta semana al presidente Daniel Ortega, ante la Fiscalía de la República, por las agresiones de las turbas oficialistas que ellos y muchas otras personas sufrieron la semana pasada en Managua.
La denuncia contra Ortega, la cual fue presentada personalmente por el concejal conservador de Managua, Luciano García, y el diputado suplente liberal del Movimiento Vamos con Eduardo, Francisco Valdivia, es por los delitos de homicidio frustrado, exposición de personas al peligro, secuestro extorsivo, amenazas, daños agravados, incendio, asociación para delinquir, terrorismo, crimen organizado, motín, obstrucción de funciones, agresiones contra las personas y agresiones multitudinarias.
Todos los delitos que se especifican en el documento de acusación, se cometieron el martes y el miércoles de la semana pasada cuando turbas de partidarios del Gobierno agredieron con morteros y piedras a los diputados de la oposición y otros ciudadanos; impidieron a los parlamentarios opositores ingresar al edificio de la Asamblea Nacional donde debían participar en una sesión plenaria; atacaron el hotel donde los diputados perseguidos y agredidos por las turbas se reunieron para realizar la sesión legislativa; lesionaron a varios legisladores de la oposición liberal; sitiaron el local del partido Vamos con Eduardo y retuvieron como rehenes a numerosas personas, entre ellas 16 diputados; incendiaron y destruyeron algunos vehículos; aterrorizaron durante varias horas a un vecindario capitalino donde está ubicada la sede del partido sitiado por los vándalos, etc.
Los delitos que motivan la acusación fueron cometidos a la luz pública, ante la vista, paciencia y complacencia de mandos y efectivos de la Policía Nacional. Los hechos ocurridos se difundieron ampliamente en Nicaragua y el mundo, a través de la información textual y visual transmitida por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y fue notorio y evidente que los individuos que perpetraron los delitos denunciados —quienes en su desenfreno e irracionalidad agredieron hasta la caravana del vicepresidente de Daniel Ortega—, actuaron por orientaciones y órdenes gubernamentales.
Sin embargo, la acusación o denuncia que fue interpuesta el martes de esta semana por los dirigentes opositores antes nombrados, podría parecer una broma o un acto inútil porque ninguna persona realista puede creer que hay justicia en Nicaragua, mucho menos en el caso de una acusación contra Daniel Ortega.
En efecto, ¿qué clase de justicia se puede esperar de un Poder Judicial que ha sido degradado por el partidarismo, la prevaricación y la corrupción institucional? ¿Cómo se podría esperar justicia si los actos violentos durante los cuales se cometieron los delitos denunciados fueron convocados por ex magistrados y magistrados en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, y por magistrados de los tribunales de apelaciones y jueces y funcionarios políticos y administrativos del Poder Judicial?
Realmente, así como no se puede creer que son los partidos políticos y la Asamblea Nacional los que van a resolver los grandes y graves problemas que sufre el país, del mismo modo tampoco cabe esperar justicia del actual Poder Judicial de Nicaragua. La reconquista de la democracia y la solución de la problemática nacional sólo puede resultar de la movilización y lucha de los ciudadanos, de la acción popular extramuros parlamentarios, no de las reuniones secretas o públicas de los dirigentes de la oposición oficial con Daniel Ortega. E igualmente, la justicia —verdadera, independiente, limpia y confiable— únicamente será posible bajo un nuevo sistema republicano y democrático de gobierno y de administración judicial.
Pero eso no significa que no se deben denunciar los abusos del poder, o que sea inútil acusar a los funcionarios gubernamentales que los perpetran y los instigan, inclusive al mismo titular del Ejecutivo. Por el contrario, los delitos que se cometen en el ejercicio del poder tienen que ser siempre denunciados públicamente y ante los mismos tribunales del Estado.
En la lucha por la libertad y la democracia, la oposición política, la sociedad civil y los ciudadanos comunes y corrientes deben utilizar todos los medios cívicos, legales e institucionales que sea posible aprovechar. No por creer que bajo este régimen es posible encontrar justicia y resolver los problemas de la nación, sino porque callar los abusos y agravios significa aceptarlos y porque la denuncia es un medio eficaz para generar conciencia democrática y movilizar la lucha de los ciudadanos.
Para que la lucha democrática pueda triunfar más temprano que tarde, hay que usar todas las formas de lucha, institucionales y legales, cívicas y pacíficas, parlamentarias y extraparlamentarias.
La energía del pueblo está por ahora adormecida, pero hay que tener la convicción de que no será así por siempre, ni siquiera por mucho tiempo.
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