Los magistrados liberales de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma e Iván Escobar Fornos, debieron permanecer ayer hasta en horas de la tarde en la sede del Poder Judicial, para evitar que los sandinistas dictaran alguna sentencia en el caso del amparo que el diputado sandinista, Edwin Castro, presentó contra la decisión de la Asamblea Nacional, de tramitar la ley que anularía el decreto 03-2010 del presidente Daniel Ortega.
El horario de trabajo en el Poder Judicial es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., pero los magistrados Cuarezma y Escobar debieron permanecer hasta cerca de las 6:00 p.m., y así lo harán todos los días de esta semana de ser necesario, explicó una fuente del Poder Judicial ligada a los liberales.
El amparo de Castro es porque los diputados de oposición, en una sesión del parlamento la semana pasada en el hotel Holiday Inn, de Managua, decidieron mandar a comisión el proyecto de ley que anularía el decreto de Ortega, con el cual pretende prorrogar en sus cargos a todos los funcionarios públicos, a quienes se les vence sus períodos este año.
La Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) fue la que envió a trámite el recurso de amparo del diputado Castro, a pesar de que no existe amparo en contra del proceso de formación de la ley.
La resolución del recurso fue firmada por los magistrados sandinistas Gerardo Rodríguez, Vida Benavente Prieto y Rafaela Urroz, esta última en sustitución de la magistrada Perla Arróliga, a quien declararon “ausente justificada”.
RECURSO YA ESTÁ EN LA CSJ
El ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís, dijo que en la Sala Constitucional ayer no se vio el recurso de amparo que presentó el diputado Castro, porque ingresó a la Secretaría de la Sala Constitucional hasta las 2:00 p.m.
La fuente del Poder Judicial indicó que los magistrados Cuarezma y Escobar acordaron en una reunión con el presidente de la CSJ, el también magistrado liberal Manuel Martínez, que se quedarían en la sede del Poder Judicial para evitar que los sandinistas hicieran lo mismo que ha hecho con las sentencias que, supuestamente, le permite a Ortega ser candidato presidencial nuevamente, la de la “legalidad” de los Consejos del Poder Ciudadano (CSP) afines al Gobierno y las más recientes, las que ordenan a la Asamblea Nacional que no siga tramitando la ley en contra del “decretazo” de Ortega.
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