Representantes de organizaciones civiles consideran que la percepción de que la Policía Nacional está bajó la “bota del orteguismo”, reflejada en la última encuesta de M&R Consultores, es otro indicio del “estado de indefensión total” en que está la población de Nicaragua.
El resultado de esa encuesta reveló que más de siete de cada diez nicaragüenses considera que la Policía tiene capacidad de actuar, frente a las turbas violentas del gobernante Frente Sandinista (FSLN), pero no lo hace por “órdenes superiores”.
Para Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil (CC), ése es el reflejo de una triste realidad. Señala como prueba que después de ocho meses, la investigación que abrió la Policía sobre la agresión que sufrieron miembros de la CC, todavía no cuenta con ningún procesado y mucho menos detenido, a pesar de que los denunciantes presentaron una cantidad importante de pruebas sobre los agresores.
En esa ocasión, miembros de la CC de distintos puntos del país realizaron una asamblea en Managua y cuando se dirigían a la Catedral, para realizar un acto público, fueron emboscados por las turbas.
“Aquí, tanto el sistema judicial como el sistema de defensa de la seguridad ciudadana, están en crisis. Si la Policía es incapaz de decomisar morteros para hacer cumplir una ley, ¿qué podemos esperar? Estamos en un total estado de indefensión… porque quienes ostentan el poder hacen lo que quieren con las leyes y sólo se las aplican a los pobres”, afirma Molina.
MENSAJE EQUIVOCADO
Comentó que nunca esperó resultados, pero interpuso la denuncia con la finalidad de dejar en evidencia la falta de acceso a la justicia.
Molina considera que lo único que motivó a la Policía a abrir el proceso fue la presión de los medios de comunicación.
En medio de todas las repercusiones negativas provocadas por la violencia de las turbas pro gubernamentales, a la CC le preocupa el mensaje que está enviando el FSLN.
“El mensaje que se está enviando es que las cosas hay que resolverlas por la vía de la violencia. Reafirmás la cultura de la violencia. Si lo hace un ex magistrado (Rafael Solís), un presidente (Daniel Ortega) que envía turbas a golpear, la gente que ostenta el poder, ¿por qué no lo puede hacer un hombre que es maltratador contra las mujeres y los niños?”, señaló Molina.
Violeta Granera, de la Unión Ciudadana por al Democracia (UCD), dijo que están claros de que el presidente Daniel Ortega es el jefe supremo de la institución policial y por tanto los policías están obligados a obedecerle. Sin embargo, recuerda que hay un jefe superior que es la Constitución, que obliga a la Policía a preservar la seguridad de las personas y los bienes.
“La población está percibiendo, como también nosotros creemos, que hay una manipulación, una instrumentalización por parte del presidente Ortega sobre la Policía Nacional para sus propios objetivos, tal como lo está haciendo con otras instituciones del Estado”, afirmó Granera.
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