WASHINGTON/EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por los hechos violentos que se registraron la semana pasada en Nicaragua y por su impacto en los derechos humanos y la democracia en ese país centroamericano.
La CIDH instó en un comunicado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, y advirtió al Gobierno del presidente Daniel Ortega de que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos.
La Comisión recordó al Estado que tiene el deber de mantener el orden público, pero dentro del marco de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
Los Estados, prosiguió, deben asegurar medidas administrativas de control que garanticen que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas será excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias, conforme a los principios internacionalmente fijados.
La crisis institucional que vive Nicaragua se gestó después de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararan inaplicable el artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.
Ese fallo, dictado por la Sala Constitucional en una sesión celebrada en ausencia de los magistrados liberales, que fueron sustituidos por sandinistas, fue criticado por la oposición, que entonces prometió unirse para contrarrestarlo.
Esa unión provocó la parálisis del Congreso y la renovación de cargos de órganos como la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, que Ortega decidió contrarrestar con un decreto por el que extiende el mandato de los funcionarios, a pesar de que no tiene competencia para ello.
El martes y miércoles de la semana pasada se registraron violentas protestas de seguidores del presidente Ortega, que impidieron a la oposición parlamentaria celebrar una sesión plenaria en el edificio del Parlamento.
Los diputados opositores se reunieron finalmente en un hotel de Managua bajo el asedio y ataque con morteros artesanales de los seguidores de Ortega, y entre otras cosas acordaron enviar a la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto de ley para anular el decreto presidencial que prorrogó el mandato de varios cargos de diferentes poderes del Estado, una facultad del Legislativo.
Los disturbios del miércoles se saldaron con la quema de cuatro vehículos, mientras dos periodistas fueron golpeados y miembros de la oposición denunciaron la retención de 54 personas durante varias horas, debido al asedio de los simpatizantes de Ortega.
