Han pasado 16 días desde que LA PRENSA informó de manera exclusiva, el 26 de marzo anterior, que el gobierno de Daniel Ortega había decidido disolver la unidad especial de la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado nacional e internacional. Y 7 días han transcurrido después que la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, confirmó ese hecho ante los medios de comunicación. Sin embargo, el Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre los motivos que tuvo para tomar semejante decisión, y lo más probable es que nunca la dé, habida cuenta del secretismo con que la administración Ortega maneja los asuntos de interés público nacional e internacional.
Cuando se incrementa la actividad del crimen organizado lo lógico y necesario es reforzar la unidad policial especializada en combatirlo, no disolverla. Las razones que determinaron la creación de esa unidad especial de la Policía, a fines del gobierno de don Enrique Bolaños, no han desaparecido sino que permanecen y se han vuelto todavía más exigentes. Además, no es creíble la explicación de la jefa de la Policía Nacional, de que la unidad de lucha contra el crimen organizado no ha sido disuelta, sino “compactada”, y que sus funciones fueron absorbidas por otras dependencias policiales. Como tampoco convenció la primera comisionada Granera con su insólito argumento de que la unidad de lucha contra el crimen organizado fue “compactada” para “optimizar y hacer un mejor trabajo”. Es como si un médico dijera que para optimizar y aplicar un mejor tratamiento al enfermo de gravedad, ha decidido suspenderle las transfusiones sanguíneas que necesita con urgencia.
Hace apenas mes y medio se dio a conocer en la red un reportaje sobre la expansión de uno de los principales frentes del crimen organizado en América Latina, como es el narcotráfico internacional. En dicho reportaje —que fue basado en investigaciones recogidas por los periódicos El Universal, de México; La Nación, de Argentina; El Comercio, de Perú; El Nacional, de Venezuela; El Nuevo Día, de Puerto Rico; El Tiempo, de Colombia; El Mercurio, de Chile y La Nación, de Costa Rica—, se incluye a Nicaragua como uno de los países en los que operan activamente los cárteles mexicanos más poderosos y crueles, como son el del Golfo-Zetas y el de Sinaloa.
“Los cárteles mexicanos de la droga, que mantienen una violenta ofensiva contra el Gobierno de México dejaron de ser una grave amenaza sólo para el gobierno mexicano. Con su expansión y presencia creciente en la región se han convertido en una de las mayores preocupaciones no sólo para EE.UU., principal mercado consumidor, sino también para las autoridades de casi todos los países de América Latina”, se dice en el reportaje. Y agrega que “El mapa actual de la ramificación del narcotráfico mexicano muestra que su influencia se extiende a 16 países de la región, y también en otros continentes”.
Dice también el reportaje mencionado, que “informes de las agencias antidrogas de EE.UU., México, Colombia, Argentina, Costa Rica, entre otros, confirman esa expansión y advierten el riesgo de que los narcos mexicanos exporten al resto de los países la ferocidad de la guerra que libran entre ellos por los mercados y las rutas de la droga. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con datos del Centro de Inteligencia Nacional de Drogas (NDIC) y de la Agencia Antinarcóticos (DEA), elaborado en 2009, revela que los narcotraficantes mexicanos operan tanto en Alaska como en Buenos Aires o Sydney. Los investigadores ven con preocupación el crecimiento de una red criminal de alcance global”.
Ante esta gran amenaza es lógico que los gobernantes responsables refuercen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en general. Y por lo mismo es incomprensible que algunos gobiernos, como los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua —que pertenecen a la izquierda extremista— en vez de reforzar los mecanismos de lucha contra el crimen organizado los debilitan e incluso los disuelven.
¿Será que la estrategia para imponer el denominado socialismo del siglo XXI está vinculada de alguna manera con el crimen organizado, o al menos presupone la indiferencia ante sus tenebrosas actividades delictivas? Francamente, el debilitamiento y, peor aún, la disolución de las instituciones especializadas en la lucha contra el crimen organizado internacional, y la falta de explicaciones oficiales claras y razonables de esas decisiones, dan motivo para pensar y temer lo peor.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
