La “Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantías para la renegociación de adeudos entre las instituciones de microfinanzas y deudores en mora”, mejor conocida como ley moratoria, fue aprobada el 24 de febrero pasado por 87 de los 92 diputados de la Asamblea Nacional. Pero no fue promulgada ni vetada por el Poder Ejecutivo en el tiempo establecido por la Constitución, de manera que tiene que ser mandada a publicar por el Poder Legislativo para que pueda entrar en vigencia. Entonces, a las microfinancieras les queda todavía la esperanza de que los efectos negativos de la ley moratoria pudieran ser atenuados mediante su reglamentación, o pueden presentar ante la Corte un recurso por inconstitucionalidad parcial o total.
Esta ley fija la tasa de interés de los micro créditos en 16 por ciento y establece un plazo de 120 días para negociar los adeudos, seis meses de gracia y entre cuatro y cinco años para pagar, obligando así a las microfinancieras a premiar a sus peores clientes, en detrimento de los miles que año a año han honrado sus deudas. Es claramente una ley inconstitucional, porque pretende ser retroactiva, porque el Banco Central es el órgano rector del sistema monetario y las tasas de interés se rigen por la Ley General de Bancos.
En su carta de intención del 16 de octubre del 2009, el Gobierno de Nicaragua se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a que: “Para garantizar el sano y sólido desarrollo de los mercados crediticios en las áreas rurales y resguardar la estabilidad del Sistema Financiero buscará el consenso necesario para promover una reestructuración, voluntaria y apegada a reglas de mercado, de los créditos morosos en la cartera de los microcréditos”.
Por otra parte, los organismos empresariales Cosep y Asobanp advirtieron en un comunicado publicado en LA PRENSA, que esta ley “Crea un precedente negativo en el clima de negocios, afectando la inversión, el desarrollo, el empleo y aumenta el riesgo país, perjudicando no solo al sector de micro empresarios y PYMES, sino también al resto de los sectores productivos y comerciales del país”. A su vez, el presidente del Banco Central, doctor Antenor Rosales, declaró que “La posición del Banco (Central) es que las obligaciones (de crédito) deben cumplirse”, mientras que la señora Mirna Liévano, representante del BID en Nicaragua, observó que “Fijar tasas de interés o fijar cosas por una decisión política no puede ser ” Hasta el vicepresidente Jaime Morales Carazo declaró que leyes que promuevan la cultura del no pago son nefastas y catastróficas.
En efecto, ya en 2009 los usuarios del microcrédito se redujeron de 500 mil a 450 mil, por el pánico que ocasionó el movimiento de no pago. La violencia que usaron los no pago contra instalaciones y trabajadores de las microfinancieras, obligaron a éstas a cerrar 15 sucursales y reducir personal en otras. 80 mil nuevos clientes, o los ya existentes que han solicitado renovación de sus préstamos este año —que en promedio son de U$$ 800 dólares—, no los obtendrán debido a la onda expansiva del movimiento de los no pago, cuya deuda oscila entre los U$$10 y U$$15 millones de dólares.
Cabe mencionar que en 2009 se reestructuraron más de 35 mil deudas —una cartera de más de 800 millones de córdobas—, con distintas condiciones de tasas y de plazos. Durante enero y febrero de este año se habían reestructurado las deudas de unos 600 clientes en Camoapa, Río Blanco, Juigalpa y Matiguás, para citar algunas comunidades. Pero ahora, como consecuencia de la ley moratoria las microfinancieras podrían reducir cerca de 100 millones de dólares, que tenían previstos este año para financiar la siembra agrícola correspondiente al 2010-2011. Estas instituciones no recibirán unos 70 millones de dólares de sus acreedores internacionales para destinarlos a créditos. La mora en el sistema se ha elevado del 2 por ciento en el 2007 al 16 por ciento en la actualidad. Todo eso por culpa de los diputados que son los responsables de que en Nicaragua el Estado vuelva a ser interventor en la libre actividad económica del país. Y sobre todo son culpables los que han traicionado sus principios liberales de libertad de empresa y de comercio, debido a ambiciones personales de índole política.
Como observó sarcásticamente un economista, la ley de moratoria mejor se debería llamar “ley de oratoria”, pues parece haber sido diseñada y aprobada por orates.
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