Sentimientos encontrados de lástima y desprecio al mismo tiempo, provocan de manera inevitable los abogados que promueven y justifican con argucias seudo-jurídicas, los atropellos “legales” de Daniel Ortega contra la Constitución, la ley común y los principios más elementales de la decencia jurídica.
Jesucristo pidió al Padre, perdón para quienes lo apresaron, enjuiciaron, condenaron y crucificaron, porque dijo que ellos no sabían lo que hacían. Pero los abogados que pergeñan los adefesios jurídicos para justificar legalmente el autoritarismo de Daniel Ortega, sus atropellos al Estado de Derecho y la imposición de una nueva dictadura, éstos sí saben muy bien lo que están haciendo y deshaciendo.
Tal vez en su fuero interno se avergüenzan algunos de esos abogados que se ven obligados a aconsejar, dictar y redactar los aberrantes textos jurídicos mediante los cuales, por ejemplo, insólitamente han declarado inconstitucional el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial continua y de quienes ya ejercieron dos veces el cargo; le dieron a Daniel Ortega la facultad inconstitucional de prorrogar los períodos de los funcionarios estatales que son elegidos por la Asamblea Nacional; y han convertido en disposición constitucional permanente una cláusula transitoria —o sea que tuvo vigencia sólo para un tiempo y un caso determinado—, a fin de “legalizar” los atropellos de Ortega a la Constitución y allanar el camino institucional hacia su perpetuación en el poder.
Pero estos abogados oficialistas que actúan como magos jurídicos, no están inventando nada nuevo. Ellos sólo repiten las fechorías legales que otros juristas al servicio de distintos dictadores, han practicado en diversos países del mundo. Al respecto el eminente jurista, diplomático y académico venezolano, Alfredo Toro Hardy, ha recordado en una columna de opinión publicada en el diario El Universal, de Caracas, Venezuela, que bajo el régimen nacional socialista de Adolfo Hitler —quien tomó el poder aprovechando los mecanismos de la democracia, pero con el propósito de destruirla—, “Alemania dejó de ser una sociedad basada en la ley”. “Hitler es la ley”, proclamaban los revolucionarios nazis. Y para institucionalizarlo, Herman Goering, el tristemente célebre lugarteniente de Hitler, recalcó en un discurso que pronunció el 12 de julio de 1934 en una reunión de fiscales alemanes, que “la ley y la voluntad del Führer (caudillo) son la misma cosa”.
“Controlar la justicia era una prioridad (para Hitler), El funcionamiento de la justicia (en la Alemania nazi) quedó totalmente supeditado a los designios del líder”, precisa el académico venezolano quien cita las palabras que el jefe del departamento jurídico del gobierno hitleriano, doctor Hans Frank, pronunciara en 1936 durante un foro de jueces alemanes: “En cada decisión que adopten, díganse a sí mismos: ¿Cómo decidiría el Führer en mi lugar? En cada decisión pregúntense: ¿Es compatible esta decisión con la conciencia nacionalsocialista del pueblo?”
Por su parte, la periodista también venezolana, pero de origen español, Marta Colomina Reyero, en un breve análisis del libro Los juristas del horror , escrito por el investigador alemán Ingo Müller y traducido en España al castellano, denuncia que “el Poder Judicial en Venezuela se comporta como lo hicieran los juristas alemanes en tiempos del nazismo, cuando cumplían la abominable tarea de dar un barniz de falsa legalidad a los monstruosos caprichos de su Führer”. Al respecto debemos agregar que también en Nicaragua el comportamiento de los asesores legales oficialistas es abominable, como el de sus pares chavistas en Venezuela y el de los juristas alemanes en el tiempo del nazismo.
Según Ingo Müller —citado por Marta Colomina— “Alemania sufrió horrores con “juristas” politizados, fanáticos convencidos y mentes primitivas, de que en un proceso revolucionario, como lo fue el nacionalsocialista alemán, la justicia se sometía a la voluntad del Führer, quien estaba por encima del bien y del mal”. Y agrega que uno de los más importantes de aquellos juristas alemanes aberrados, sostuvo que “el trabajo del juez no debería ser restringido por los principios de seguridad jurídica formalista (… ) sino que, cada vez que fuera necesario, deberían hallar líneas claras a través de las opiniones jurídicas del pueblo que han sido incorporadas por el Führer”.
En otro país y contexto histórico ¿acaso no es eso mismo lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde asesores legales oficialistas —algunos de los cuales pudieron haber sido juristas respetables— actúan como sicarios jurídicos de una nueva dictadura en desarrollo?
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