En El Salvador y en todas partes del mundo donde hay representaciones diplomáticas y comunidades salvadoreñas, se ha conmemorado el 30 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y todos los cristianos y en general la gente de buena voluntad, ha compartido con la nación salvadoreña esta magna conmemoración.
Monseñor Romero, quien cuando lo asesinaron era Arzobispo de El Salvador, se identificaba plenamente con los pobres y los perseguidos. Denunciaba enérgicamente la represión, la violencia y las injusticias. Clamaba al cielo en favor de la libertad, la paz y el bienestar para su pueblo, que entonces era azotado por una sangrienta guerra civil. Por eso fue asesinado, el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital de San Salvador, con un balazo que le acertó en el corazón disparado por un pistolero militante de la ultraderecha salvadoreña.
Ahora, en la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de Monseñor Romero se ha reimpulsado la campaña para su beatificación y posterior canonización o santificación oficial, por parte del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Y no cabe ninguna duda que pronto Monseñor Oscar Arnulfo Romero será beatificado y después proclamado como Santo de la Iglesia Católica, siguiendo los pasos de la nicaragüense Sor María Romero quien ya alcanzó la beatitud el 14 de abril de 2002.
Durante la conmemoración del 30 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Romero, uno de los hechos más sobresalientes ha sido la petición oficial de perdón que en nombre del Gobierno y el Estado de El Salvador, ha hecho públicamente el Presidente salvadoreño Mauricio Funes. Se trata, sin duda, de un acto de contrición nacional y de justicia histórica que debió haber hecho desde hace tiempo alguno de los gobiernos del partido político Arena, el cual estuvo en el poder durante veinte años, de 1989 a 2009, porque fue de sus filas y cúpula que salieron los organizadores y ejecutores de aquel execrable crimen.
En realidad, todos los gobernantes de Centroamérica deberían pedir públicamente perdón por la violencia y los crímenes políticos que se han ejecutado en el curso de la azarosa historia centroamericana. Y todos los políticos deberían comprometerse a que nunca más volverán a recurrir a formas criminales, violentas e inhumanas de gobernar y de luchar por el poder. En Nicaragua, aquellos que se consideran herederos políticos del liberalismo somocista deberían pedir perdón por todos los crímenes que se cometieron durante la dictadura somocista, desde la ejecución criminal de Augusto C. Sandino en 1934, hasta el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en 1978, así como los que se cometieron durante la guerra civil de 1978 y 1979. Daniel Ortega, personalmente, debería pedir perdón por los muchos crímenes que fueron cometidos durante el régimen sandinista y la guerra de los años ochenta. Debería pedir perdón por los crímenes que perpetraron sus seguidores cuando él “gobernó desde abajo”, o mejor dicho, cuando saboteó la reconstrucción del país y boicoteó a los gobiernos democráticos. Debería pedir perdón por los asesinatos de Enrique Bermúdez, Arges Sequeira y Carlos Guadamuz. Y además, Ortega debería comprometerse a que nunca más bajo su gobierno, se volverán a cometer crímenes políticos como los antes mencionados ni de ninguna otra clase.
Todos los asesinatos, incluyendo los que se cometen con fines políticos, son repugnantes y condenables independientemente de quien los ejecute y cualquiera que sea la justificación que se les quiera dar, de derecha o de izquierda. Los extremistas de izquierda y los ultras de derecha siempre han considerado el crimen político como algo justificado y legítimo, cuando se realiza contra su enemigo o adversario. Pero la verdad es que tan inaceptable e injustificable es el crimen de izquierda como lo es el asesinato de derecha. En realidad, si acaso hubiera un pacto legítimo y necesario de la izquierda con la derecha y entre todos los sectores políticos de Nicaragua, sería el compromiso de que nunca más se volverá a usar en este país, el crimen como forma de lucha política. Lo cual incluye abstenerse de hacer amenazas o especulaciones irresponsables y temerarias, como la insinuación perversa contra los medios de comunicación que ha hecho recientemente un alto jefe de la Policía muy allegado a la familia gobernante, para justificar la extrema protección que le brindan al presidente del fraudulento y corrupto Consejo Supremo Electoral.
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