En Nicaragua no hay —todavía— periodistas presos por ejercer el derecho de informar y opinar libremente, como los hubo en el pasado, durante el somocismo y la primera dictadura sandinista. Y quisiéramos que nunca más los hubiera. Afortunadamente Nicaragua no está —aún— en la lista de países cuyos gobernantes tienen periodistas encarcelados. Es una lista infame, en cuya cabeza figura China comunista, con 24 periodistas presos; seguida por Irán, con 23; Cuba, 22; Eritrea, 19; Myammar (la antigua Birmania), 9; y algunos otros países en los que 39 periodistas más están en prisión por el “delito” de informar y opinar de manera independiente del gobierno, hasta sumar en el mundo 136 personas de prensa prisioneras.
Estamos hablando sólo de periodistas presos. No hablamos de periodistas asesinados, que el año pasado fueron 71, según el informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), del cual LA PRENSA informó en su debido momento y lo comentamos editorialmente.
Pero hay otra forma — que es moral y política— de encarcelamiento de periodistas y asesinato de la libertad de prensa, como es la censura y la autocensura en cualquiera de sus variantes, directas o indirectas. Y en este campo, Nicaragua, o más bien dicho el régimen de Daniel Ortega, no se queda muy atrás de otros regímenes enemigos del periodismo independiente y de la libertad de expresión y de prensa. Es más, como se ha informado y denunciado en los últimos días, la censura gubernamental se ha venido incrementando y extendiendo poco a poco a todo el gobierno y el Estado. A los periodistas independientes se les excluye de los actos públicos y ruedas de prensa oficiales, censurando de esa manera a los medios que no se subordinan al poder orteguista y coartando el derecho y la libertad de información. Para sólo citar dos ejemplos muy recientes, mencionamos la censura impuesta por el Consejo Supremo Electoral a la información sobre las elecciones en el Atlántico, y la censura decretada por el Ministerio de Salud en un tema de tanto interés social, como es el de una campaña sanitaria pública.
Cabe recordar que el 7 de septiembre de 2009, en un denominado “foro de periodistas sandinistas”, cierto “académico” orteguista en el ramo de la historia urgió a los activistas del FSLN en los medios de comunicación, a “exprimirse las neuronas” en la búsqueda de un equivalente del dominio estatal sobre las frecuencias radioeléctricas, para someter también a los medios impresos y garantizar el control del pensamiento y la palabra escritos. Pero al parecer hay muy poco jugo en esas neuronas oficialistas, pues hasta ahora lo más “genial” que los comisarios de prensa orteguistas han podido sacar de ellas es la misma vieja censura, a través del procedimiento de impedir a los medios independientes el acceso a la información pública. Lo único nuevo es la violación descarada de la virginal Ley de Acceso a la información, que Ortega y sus funcionarios han convertido en papel mojado, o más bien higiénico.
Algunos lectores nos preguntan por qué nos quejamos de que el régimen de Ortega nos niegue al acceso a los actos gubernamentales y a la información oficial, si de todas maneras este gobierno no es de nuestro agrado. Pero el problema no es que el gobierno nos guste o nos desagrade. La cuestión es que informar y ser informado no es una dádiva, ni puede ser un capricho de los gobernantes, sino que es un derecho consagrado en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política de la República, la cual, además, prohíbe de manera expresa la censura de prensa. Más aún, el derecho de informar y ser informado es un derecho humano fundamental garantizado y protegido —al menos jurídicamente— por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión.
Y tampoco nos quejamos, sino que protestamos porque Ortega y sus funcionarios niegan e impiden el derecho de informar a los periodistas y medios independientes. Esto es un abuso de poder que denunciamos ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, como lo haremos nuevamente en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realizará en los próximos días. Pues, como ya dijimos antes y es necesario repetirlo, aunque en Nicaragua no hay —todavía— periodistas presos ni asesinados, con la censura indirecta impuesta por el régimen orteguista el periodismo independiente se encuentra de hecho en cautiverio y la libertad de prensa está siendo poco a poco asesinada.
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