La Corte Suprema de Justicia está de acuerdo con que se endurezcan las medidas contra los narcotraficantes y los procesados por delitos graves, particularmente en que la pena mínima se aumente de cinco a seis años, para evitar que salgan bajo libertad condicional, aseguró el magistrado sandinista y vicepresidente del Poder Judicial, Rafael Solís.
Otra alternativa, que consideró Solís, podría ser que se elimine el beneficio de la suspensión de la condena, en los casos de los delitos graves.
Solís calificó como una manipulación de los medios de comunicación los señalamientos que se hacen sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Justicia Penal, con el que pretenden trasladar funciones al Ejecutivo que corresponden al Poder Judicial.
Reconoció que el acuerdo ya ha sido firmado por los representantes de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal. Pero alegó que el mismo establece una política penal nacional que, además de endurecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, servirá incluso para frenar la delincuencia común que se ha incrementado en todo el país.
“El Presidente no va a estar por encima del Poder Judicial ni mucho menos, lo que va a hacer es una especie de puente y coordinador para asegurar que lo que ahí se decida (en la Comisión) lo acate y lo cumpla el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional y la Procuraduría, que dependen de él”, aseguró el magistrado.
Además Solís negó que los tribunales favorezcan más a los narcotraficantes, a quienes dijo, se les ha concedido la libertad condicional conforme lo establecido en el Código Penal, pero que con ese beneficio han sido favorecidos más los reos condenados por otros delitos.
El vicepresidente de la CSJ salió en defensa de los jueces señalados por las autoridades de Gobernación, como los que más han favorecido a los condenados por narcotráfico, al sostener que éstos han actuado conforme a solicitudes formuladas por las partes involucradas en el sistema de justicia.
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