Tal como lo ha informado LA PRENSA esta semana, el denominado Acuerdo Nacional por la Justicia Penal que se dio a conocer recientemente ha motivado el temor de que podría conducir a una mayor concentración y centralización de poder en manos de Daniel Ortega, y, por lo tanto, a un mayor quebrantamiento del sistema democrático que se funda en la separación e independencia de los poderes.
En general, el Acuerdo Nacional por la Justicia Penal es una copia del Acuerdo Nacional de México por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que fue suscrito el 21 de agosto de 2008 por los titulares y representantes de las instituciones mexicanas correspondientes. Pero lo criticable del acuerdo penal de Nicaragua no es que sea una copia del mexicano. En materia de leyes, codificación legal y organización y administración de justicia no existe la originalidad pura, mucho menos en la época actual de globalización o internacionalización de las experiencias y los conocimientos. Y aún antes de ésta, los códigos y leyes de Nicaragua ya eran en términos generales copias y adaptaciones de la legislación establecida anteriormente en otros países jurídicamente más avanzados. Sin embargo, los legisladores nicaragüenses siempre se preocuparon porque las copias fueran buenas, que se adaptaran a la realidad del país y tomaran en cuenta las peculiaridades nacionales, para que pudieran ser aplicables y eficaces.
Ese no es el caso del Acuerdo Nacional por la Justicia Penal que suscribieron el 20 de noviembre del año pasado los más altos funcionarios de las instituciones estatales que tienen que ver con ese tema; un Acuerdo que Daniel Ortega debía oficializar públicamente el martes de la presente semana, pero no lo hizo supuestamente porque la jefa de la Policía Nacional no estaba en Nicaragua.
En realidad, lo malo y criticable de este Acuerdo radica en que omite aspectos esenciales positivos del Acuerdo mexicano, pero incorpora otros que son sumamente negativos, con el evidente propósito de darle a Ortega más poder del que ya ha concentrado y centralizado en sus manos. Por ejemplo, mientras el acuerdo mexicano es ampliamente democrático y participativo e incluye no sólo a las instituciones estatales y gubernamentales, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, entidades empresariales, asociaciones sindicales y religiosas y medios de comunicación independientes, el acuerdo nicaragüense en cambio es burocrático y restrictivo.
En México no se le otorga al Poder Ejecutivo, o sea al Presidente de la República, la función de “articular” la justicia mediante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como sí se hace en Nicaragua con el acuerdo mal copiado. Articular significa no sólo coordinar las instituciones encargadas de la justicia penal, sino también organizarla, orientarla y dirigirla, lo cual viola el principio constitucional de independencia de la justicia. Además, en manos de Daniel Ortega esa “articulación” es muy peligrosa, por su vocación autoritaria y su evidente propósito de centralizar todo el poder del Estado.
“Cada uno de los poderes (del Estado) y cada uno de los órdenes de gobierno debe ejecutar la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las metas y los tiempos convenidos”, se establece en el Acuerdo Nacional de México por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que ha sido mal copiado y distorsionado en Nicaragua. Plantea que “el éxito del acuerdo requiere de la participación responsable de los medios de comunicación para que, en el marco de la libertad de expresión, se promueva la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, la prevención de adicciones y la transparencia de las acciones de las autoridades”. E incluye, el Acuerdo de México, la creación de “una instancia ciudadana con amplio respaldo público y social, para que dé seguimiento y evalúe el cumplimiento de los acuerdos mediante indicadores de gestión”.
En realidad, un Acuerdo Nacional por la Justicia Penal es importante y necesario para fortalecer la seguridad pública y la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones, incluyendo la corrupción gubernamental como es el caso del acuerdo mexicano. Pero lo que se está haciendo en Nicaragua es darle a Daniel Ortega otro instrumento institucional para que siga violando la Constitución, y para que continúe atropellando la norma de independencia y separación de poderes, que es la base incondicional de la democracia y un principio irrenunciable para los demócratas de Nicaragua y de cualquier parte del mundo.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
