El Gobierno de Nicaragua es presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los proveedores internacionales de fondos para las microfinancieras, para que tome una decisión sobre la Ley de Moratoria que afecta al sistema financiero.
Luis Cubeddu, jefe de la delegación técnica del FMI que realiza la cuarta revisión del programa económico con Nicaragua, dijo ayer que esperan conocer esta misma semana una decisión del Gobierno de Daniel Ortega, respecto a qué posición adoptará ante la inestabilidad provocada al sistema financiero en general.
Reconoció que discuten con el Gabinete Económico el impacto de la Ley de Moratoria sobre el programa macroeconómico suscrito por el país con el FMI. Esta ley, recién aprobada por la Asamblea Nacional, ordena renegociar las deudas con las microfinancieras con una tasa de interés fija del 16 por ciento.
“Estamos en proceso de conversar con las autoridades un posible plan de acción. Nosotros estaremos hasta el viernes de esta semana y esperamos tener una posición más clara al respecto. Queremos discutir con el equipo económico cuál es el plan, ahora que se ha aprobado la ley, qué piensan hacer”, expresó Cubeddu.
Dijo que no les compete solicitar al Gobierno el veto a la ley, pero al FMI le interesa que se les aclare cómo se podría limitar el daño al sistema financiero nacional, y sobre todo “asegurar que pueda desarrollarse de manera sana”.
Cubeddu y el representante residente del FMI en Nicaragua, Gabriel Di Bella, se reunieron ayer con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para analizar este problema.
- Durante el encuentro entre el Cosep y los representantes del FMI, se analizaron las perspectivas de crecimiento económico del 2010 para Nicaragua, que se proyecta entre 1.5 y 2 por ciento.
Mientras, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello, volvió a criticar que se les quiera poner una camisa a través de la Ley Moratoria, insistiendo en que la solución al problema de los morosos depende de la naturaleza y el origen de cada uno de los inconvenientes en el crédito.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que pedirán formalmente al presidente Ortega el veto total de la Ley de Moratoria, por el precedente nefasto que impuso la Asamblea al intervenir de esta manera.
Aguerri dijo que el Presidente debe tomar una decisión lo más pronto, y espera que prevalezca la posición del Gabinete Económico, de que esa ley daña al país, y no los intereses de los políticos.
El Cosep se reúne el próximo viernes con el Presidente y su gabinete, donde esperan tener una respuesta concreta.
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Al final, Cubeddu dijo que comparten la preocupación de los empresarios, la Asociación de Microfinancieras (Asomif) y la banca privada, por el impacto que tendrá la moratoria sobre el sistema financiero, por la cultura de no pago que puede generarse a raíz de la ley.
“Es cierto que esta ley de moratoria introduce una gran incertidumbre, en ese sentido podrían verse afectados fondos del exterior a las microfinancieras y a los bancos que prestan a estos sectores”, enfatizó el representante del FMI.
En ese sentido, analizan cómo se vería afectada la proyección de crecimiento de la economía nicaragüense en este año, si los bancos restringen el crédito a los sectores productivos.
SUIZOS PREOCUPADOS
Los proveedores internacionales de recursos económicos a las microfinancieras, para financiar la producción agropecuaria, la industria y el comercio, advirtieron que por el alto riesgo que implica la Ley de Moratoria no desembolsarán más créditos hasta que el sistema financiero, en particular las microfinancieras, se estabilice.
Por otro lado, el director residente de la Cooperación Suiza en Nicaragua, Peter Bi shop, expresó que esperan ver cómo se piensa resolver esta situación, ya que hay preocupación de parte de tres organizaciones privadas suizas que tienen colocados 100 millones de dólares en el sistema de microcrédito en el país.
La Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Deudas entre las Microfinancieras y Deudores (Moratoria) favorece a unos 10 mil clientes morosos que adeudan cerca de 37 millones de dólares.
El sector de microfinanzas ha informado que en consecuencia serían afectados, por falta de créditos, el 95 por ciento de los pequeños y medianos productores y empresarios que dependen del microcrédito para trabajar.
“La situación del sector de microfinanzas de Nicaragua ya es muy complicada. En el año 2009 no colocamos ningún crédito en Nicaragua, básicamente por la situación del Movimiento de No Pago”, dijo a LA PRENSA vía correo electrónico Nicolás Blondeau, oficial de inversión de Incofin Investment Management, con sede en Bélgica.
Comentó que la tasa de interés de 16 por ciento fijada por la Asamblea Nacional no permite cubrir los costos de operación y de provisiones de las microfinancieras nicaragüenses.
PÉSIMO PRECEDENTE
Blondeau opinó que la Ley de Moratoria “manda un mensaje completamente erróneo a los productores y clientes de las microfinancieras, visto que premia a los morosos; es un mal precedente”.
También afecta “la imagen del sector de las microfinanzas a nivel internacional, dando otro argumento al riesgo político alto y su impacto negativo para la estabilidad del sector”, explicó.
Esta fondeadora internacional tiene colocados en Nicaragua 13 millones de dólares y apoya a 73 microfinancieras en 33 países del mundo.
Blondeau recalcó que no van a arriesgar la colocación de sus fondos “en un país donde la situación es tan complicada, cuando hay tantos países con una situación estable”.
“Ya no estamos en posición de desembolsar nuevos créditos en Nicaragua”, afirmó.
La misma postura tiene el representante del organismo financiero Prodel, Marlon Olivas, quien considera que la moratoria “estimula la acción de los no pagadores, no hace bien a la economía, al Gobierno y a la imagen del país”.
“Nosotros tenemos el compromiso de trabajar con Nicaragua y contribuir al desarrollo del país, promover el microcrédito como una alternativa para su desarrollo. Esperamos que las autoridades creen y generen el ambiente propicio para la inversión y estamos listos a realizar los próximos desembolsos, siempre y cuando tengamos las garantías de la recuperación de las inversiones que se realizan”, sostuvo.
Olivas recordó que “los desembolsos de Prodel son el 10 por ciento del total de los fondos que deberán ingresar al país en el 2010. Por ello la importancia de que todas las agencias externas tengan la seguridad jurídica y el respaldo para invertir en Nicaragua.
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