Entre las diversas definiciones del populismo, según sean sus modalidades, propósitos y consecuencias, hay una que nos parece común y es la que ha sido formulada por el politólogo Marcelo Acuña y el economista Francisco Mezzadria, ambos argentinos. El populismo —dicen estos autores—, consiste en aquellas “acciones políticas que siempre dañan la libertad, la justicia y el derecho, desembocan en inflación, pobreza y atraso económico, atentan contra la cohesión social, alimentan la corrupción ( ) en detrimento del bienestar efectivo y perdurable de los trabajadores a quienes el populismo dice servir”.
A la luz de esta definición que sin duda refleja la realidad de este pernicioso fenómeno político nicaragüense y latinoamericano, no cabe ninguna duda de que la aprobación de la Ley Moratoria de las deudas con las microfinancieras, ha sido una decisión política populista. La cual se puede entender viniendo del FSLN, cuyo jefe, Daniel Ortega, por irresponsabilidad política e ignorancia de la economía alentó al movimiento de los “No Pago”; pero no se comprende que sea apoyada por los diputados de la oposición liberal, que se dicen demócratas y personas conscientes de la importancia de la libertad económica y el cumplimiento de los contratos y el pago de las deudas, para que la economía funcione, produzca riqueza y pueda financiar el bienestar individual y el progreso social.
En realidad, ¿cómo explicarse que 87 de los 92 diputados que componen la Asamblea Nacional hayan votado por la Ley moratoria, la cual, según lo han demostrado los economistas y empresarios —inclusive el asesor económico presidencial y el presidente del Banco Central, que son sandinistas—, si entrara en vigencia podría tener efectos catastróficos para la economía nacional?
Se comprende que en términos generales los diputados desconozcan las ciencias económicas, e ignoren que en una sociedad abierta los intereses de los créditos financieros no se regulan por decreto ni se imponen por capricho político. Pero la Asamblea Nacional cuenta con un numeroso cuerpo multi disciplinario de asesores, entre ellos economistas y especialistas en derecho financiero, quienes sí saben del asunto y tienen que haber advertido a los diputados que no se debe jugar a la política con el sistema financiero y la economía nacional.
De todas maneras, los diputados liberales están equivocados si creen que van a conseguir los votos de los integrantes del movimiento por el “No Pago” de las deudas financieras, que son unas diez mil personas a lo sumo. Ésos son votos cautivos de Daniel Ortega. Y aún cuando los “No Pago” dividieran su cariño electoral entre el Frente Sandinista y los grupos liberales, en todo caso son muchísimos más los productores que resultarían afectados con la restricción del financiamiento productivo. Y éstos, junto con sus familiares y usuarios, van a odiar a los políticos populistas que los están condenando a la ruina.
Quizá los diputados liberales crean que al aprobar la ley para favorecer al movimiento de “No Pago” de las deudas financieras, perjudican al régimen de Daniel Ortega. Pero si así fuese sería también una tremenda irresponsabilidad, porque en realidad los perjudicados son los productores que honran sus deudas, que son la gran mayoría y se quedarían sin créditos para trabajar y producir. Perjudican además a las familias de los productores y a la población en general, la que siempre paga las consecuencias de las torpes decisiones de los políticos.
Sin embargo, Daniel Ortega todavía puede rectificar y demostrar que las críticas de su asesor económico y del presidente del Banco Central a la Ley Moratoria, no son mentirosas señales para tratar de engañar al FMI. Ortega tiene que vetar ese proyecto de ley y ordenar a sus diputados que acepten el veto, si es que quiere convencer a la sociedad y a los organismos financieros internacionales de que no tiene la intención de perjudicar más el crédito interno y el desenvolvimiento de la economía nacional.
Si algunas de las microfinancieras han cobrado intereses usureros; y si se quiere ayudar a los deudores honrados — aquéllos que no han malgastado los créditos ni desviado las prendas— se puede hacer sin recurrir a medidas populistas dañinas como la Ley moratoria. Por ejemplo, como ha sugerido el líder del MRS, Edmundo Jarquín, la Alba Caruna podría comprar la deuda de los morosos y perdonárselas, o negociar con ellos las condiciones de pago que quieran.
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