El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Rafael Solís, reveló que antes del viernes próximo la Comisión Interinstitucional de Justicia (Policía, Fiscalía, Procuraduría y CSJ) se reunirá con el Presidente de la República, Daniel Ortega, para concretar y dar a conocer una nueva política penal en Nicaragua, para poner mano dura a la delincuencia, aunque siempre respetando los derechos humanos.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada; la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera; el Fiscal General, Julio Centeno Gómez y los magistrados de la CSJ, se reunirán previo a la reunión con Ortega.
Ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un informe, fustigó al Poder Judicial de Nicaragua.
“La corrupción judicial y la interferencia política, especialmente en el estamento judicial, siguen siendo los principales impedimentos para el enjuiciamiento significativo de crímenes relacionados con el narcotráfico”, dijo el Departamento de Estado, según la agencia de noticias EFE.
“La continuada politización del sistema judicial nicaragüense y en particular de la Corte Suprema, es un grave impedimento a los esfuerzos policiales en Nicaragua”, añadió el informe.
El informe también destaca que en el 2009, la Policía y el Ejército nicaragüense “se concentraron en enfrentarse al narcotráfico internacional y el abuso doméstico de drogas a pesar de la posición del Gobierno a menudo hostil contra Estados Unidos”.
El año pasado se produjo un “gran aumento de las incautaciones de seudoefedrina y anfetaminas” y se desmanteló el primer laboratorio conocido de narcóticos, precisó el reporte.
RECHAZA CIFRAS DE LA POLICÍA
El magistrado Rafael Solís defendió al Poder Judicial alegando que cifras publicadas por la Policía Nacional, de que sólo se condena al 5.5 por ciento de las personas que son detenidas, están fuera de la realidad.
Según Solís, si la Policía (que investiga) conoce de 80 mil casos delictivos, 30 mil logran pasar a la Fiscalía (que es la que acusa), y al final, a los Juzgados sólo llegan un 20 por ciento de esos 30 mil casos.
Agregó que en el Poder Judicial se condena entre el 40 y el 60 por ciento de los casos, y los demás se archivan porque las partes llegan a arreglo o hay desistimiento. Los jurados también absuelven a un buen número de acusados.
“No estamos promoviendo la impunidad”, dijo Solís, quien junto a los magistrados Gerardo Rodríguez, Alba Luz Ramos y Ligia Molina, sostuvieron un encuentro con los periodistas.
El judicial añadió que la retardación de justicia es mínima en el país, especialmente en Managua.
Solís recordó que el año 2010 empezó con un cuestionamiento al Poder Judicial por la liberación ilegal de tres narcos en Chinandega, pero que en dicho caso los jueces no tuvieron nada que ver.
Indicó que a partir de ese escándalo, las liberaciones ahora son más estrictas y todas tienen que ir firmadas por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, lo cual retardó el cumplimiento de más de 50 órdenes judiciales de libertad, pero las mismas ya se han ido cumpliendo.
Solís añadió que en el presente año se harán esfuerzos para mejorar la administración de justicia en el país.
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