Por Alejandro Serrano Caldera*.- La democracia ha sido y es uno de los temas principales de la práctica y de la filosofía política. Desde hace medio siglo, aproximadamente, después de la relativa superación del trauma profundo que dejara la Segunda Guerra Mundial y los horrores de la barbarie hitleriana, lo mismo que la política atroz del estalinismo soviético, surgió una nueva época marcada por la idolatría del mercado y la nueva teocracia de la especulación económica y financiera, y junto a ella, los intentos de respuesta desde la filosofía y la teoría sociológica, lo mismo que desde la práctica política.
Para América Latina enfrentar esta situación ha presentado particulares dificultades, pues conviene recordar que en nuestros países, a lo largo de su historia, los cambios jurídicos y políticos se establecieron en las constituciones para ocultar la decisión de mantener y reafirmar la estructura económica y social con las mismas características de la sociedad colonial, por lo que los enunciados jurídicos modernos de los textos constitucionales no correspondieron, ni corresponden, al verdadero interés del poder ni a la mentalidad pre moderna de la sociedad en general. La intención fue mantener la colonia, después de la Independencia, bajo la forma de colonialismo interno. Así nacieron las repúblicas latinoamericanas y se organizaron nuestros estados naciones.
Por eso los hechos no han sido la confirmación de las ideas, sino el esfuerzo de éstas para tratar de justificar los hechos. Esto ha desajustado el pensamiento y la realidad y deformado la misma construcción de las ideas políticas, estableciendo una práctica caracterizada por decir lo que no se hace para hacer lo que no se dice.
Debido a la política fundamentalista en América Latina, alguien ha dicho que los ideólogos políticos latinoamericanos, más que eso han sido teólogos ateos, y las ideologías religiones laicas sin Dios pero con dogmas. Los ideólogos políticos de América Latina, ha dicho Octavio Paz, han sido neo tomistas tardíos.
No obstante, durante los años sesenta y setenta, surgieron esfuerzos significativos para enfrentar la situación de dominación e injusticia de esa época y para formular toda una teoría de la libertad y la justicia desde la realidad y visión de nuestros pueblos. Baste mencionar, aunque sea en forma enumerativa, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación y la pedagogía de Pablo Freire, inspirada en los fundamentos filosóficos de la educación como práctica para la libertad y la pedagogía del oprimido, así como en la dialéctica de la historia que proclama la liberación de opresores y oprimidos.
A partir de los años setenta se fue consolidando lo que se conoce como el capitalismo corporativo transnacional, basado principalmente en la especulación financiera, en la privatización indiscriminada, la desregulación total, la falta de referentes jurídicos, estatales y éticos para normar la actividad económica, medidas todas éstas cuyos resultados deplorables estamos contemplando hoy día.
Junto a esto la política, como actividad natural de la persona y la sociedad, pasó a un segundo plano y quedó completamente subordinada a los intereses del capital transnacional, al extremo de llegarse a afirmar que estamos viviendo la época de la post política y, consecuentemente, la época en que el derecho y las instituciones han dejado de ser mecanismos de regulación de la convivencia social, para transformarse en instrumentos de protección y reproducción de los intereses de la especulación financiera.
En este contexto se evidencia una institucionalidad que protege la injusticia y la desigualdad, y un mecanismo formal de elecciones en donde los electores eligen entre aquellos previamente designados para ser elegidos por el sistema y sus intereses.
Los efectos de la teocracia de mercado y de la globalización a partir de los intereses del capital financiero, han violentado los principios elementales de la justicia, el derecho y la ética, por lo que se ha sentido la necesidad imperativa de cuestionar y cambiar el estado de cosas.
Algunos países de América Latina han pretendido adjudicarse la creación de lo que impropiamente han llamado socialismo del siglo XXI, y presentarse como la alternativa al sistema del capitalismo financiero internacional, cuando en realidad su sistema político no es otra cosa que un mecanismo diseñado y ejecutado para crear caudillos y autócratas que no tienen otra intención que perpetuarse en el poder y constituir desde ahí verdaderos emporios económicos a partir de los cuales establecer alianzas con el poder económico tradicional.
La autocracia, el populismo, el afán desmedido de acumular riquezas, la perpetuación en el poder, la creación de dinastías bajo el nombre de nuevas democracias y el culto escandaloso a la personalidad, son los rasgos y la naturaleza de estas formas que pretenden presentarse como alternativa a las injusticias del neoliberalismo y la globalización.
Es evidente que ésta no puede ser la respuesta. Lo malo del neoliberalismo no transforma en bueno estos populismos que en el fondo no son otra cosa que ambiciones de personas y grupos para perpetuarse en el poder político basado en un inmenso poder económico. Tampoco lo malo de estas prácticas transforma en buenas las prácticas del capitalismo financiero especulativo.
Se trata entonces de encontrar una opción compatible con el derecho, la ética y la justicia social, de construir un sistema en el que se respeten los derechos y garantías individuales y sociales, en el que la ley y las instituciones den seguridad jurídica a la población y en el que los funcionarios públicos, sobre todo del poder judicial, tengan credibilidad y den garantías a la ciudadanía y no actúen como instrumentos en manos del poder, sin otra misión que tratar de legalizar los abusos y actuaciones de facto con medidas carentes por completo de legalidad y de legitimidad.
Se trata, claro está, de un sistema en el cual la justicia social sea la prioridad, en el que las medidas económicas respondan a las necesidades más sentidas de la sociedad, de una política que se ocupe primordialmente de la salud, la educación, la alimentación y de las principales necesidades materiales de la población, pero que sobre todo sea salvaguarda de la dignidad y la libertad de las personas y la colectividad.
Es imperativo luchar por el establecimiento de un sistema cuyo eje principal sea la ciudadanía, el respeto a la ley y a las instituciones, la democratización de los partidos políticos, la interculturalidad interna que reconozca y dé garantías suficientes a todos los grupos étnicos, religiosos, culturales económicos y sociales de la nación. Un sistema que garantice la democracia representativa y la democracia participativa, mediante el respeto al voto y a la ley y la promoción de la participación local, municipal, departamental, regional y nacional. Solo integrando la democracia representativa y la democracia participativa en una unidad, solo reconociendo la complementación inseparable entre justicia y libertad, podremos, mediante un contrato social sobre estas ideas, salir del círculo vicioso en que nos encontramos y abrir las puertas del futuro a un horizonte de dignidad y esperanza.
(*) Jurista y filósofo nicaragüense
