Eduardo Cruz
El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado sandinista Francisco Rosales, informó que está “trabado” el recurso que presentó la diputada Alba Palacios, de competencia entre poderes, por el caso del decreto presidencial 03-2010, con el cual Daniel Ortega pretende prorrogar en sus cargos a 25 funcionarios de Estado.
Rosales indicó que ayer los magistrados liberales de la Sala Constitucional, Sergio Cuarezma, Damicis Sirias e Iván Escobar, no quisieron que el recurso se admitiera para trámite, y hoy se reunirán de nuevo en Sala para tratar de resolver el caso.
Rosales también advirtió a los Tribunales de Apelaciones de todo el país que no se inmiscuyan en el caso del decreto de Daniel Ortega, porque se trata de un conflicto de poderes que sólo le corresponde a la Corte Plena de la CSJ tramitarlo.
La Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Masaya, dominada por liberales, decidió suspender el efecto del decreto de Ortega, al resolver un amparo que presentó el diputado liberal Óscar Moncada, pero inmediatamente después la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Granada, con mayoría de magistrados sandinistas, suspendió la resolución de Masaya, porque Moncada no es parte de las personas agraviadas con el decreto de Ortega, es decir, solo los 25 funcionarios públicos a quienes se les vence su período en este 2010 puede ser recurrente.
El presidente de la Corte, magistrado liberal Manuel Martínez, criticó que la diputada Palacios presentó su recurso ante el secretario de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Moisés Martínez, cuando debió hacerlo ante el Secretario de la Corte, Rubén Montenegro, por lo que calificó de anómala la presentación del recurso.
Martínez dijo también que en este caso no se cumplió la “conciliación” que establece la Ley de Amparo, la cual establece que primero debieron tratar de resolver el problema los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero el magistrado sandinista Rafael Solís, vicepresidente de la Corte, indicó que cualquier secretario de la Corte podía recibir el escrito.
El magistrado Rosales añadió que la “conciliación” se realizó y mostró una carta del presidente de la Asamblea, René Núñez, en la que le expresa al presidente Daniel Ortega que con su decreto había invadido atribuciones del Legislativo y que está planteado el conflicto entre poderes del Estado.
Rosales presentó también una carta de contestación de Ortega hacia Núñez, en la que el presidente le indica que no ha invadido las atribuciones de la Asamblea, sino que ratifica que es deber de la Asamblea nombrar funcionarios en su debido tiempo y que el decreto presidencial 3-2010 no nombra a nadie, sino que prorroga períodos de funcionarios siempre y cuando la Asamblea no elija a las nuevas autoridades.
Según el presidente Ortega, era su deber emitir el decreto 3-2010, para “evitar un vacío de poder”.
El magistrado Rosales mostró una segunda carta de Núñez al presidente Ortega, ratificándole que sí existe un conflicto entre poderes del Estado.
Rosales explicó que como pasaron los cinco días para que Núñez presentara el recurso de conflicto entre poderes del Estado ante la CSJ, entonces lo hizo la diputada Alba Palacios, quien estaba facultada por ser miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y lo hizo alegando que el presidente Ortega está invadiendo funciones que la Constitución Política otorga únicamente a la Asamblea Nacional.
El presidente de la Corte, Manuel Martínez, denunció que el magistrado Rosales quiere monopolizar la Sala Constitucional de la CSJ, igual que lo hizo cuando el caso de la ilegalidad de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pues no suelta el expediente del recurso de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado que presentó la diputada Alba Palacios, y además amenaza con resolverlo él solo como presidente de la Sala Constitucional.
Martínez aseguró también que la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua “sigue viva” y que el decreto de Ortega está suspendido.
