Ginebra, Suiza
Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) adoptó ayer en Ginebra 109 recomendaciones para que el Gobierno de Nicaragua mejore las condiciones de derechos humanos, entre éstas dar garantías para el ejercicio libre del periodismo, la transparencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la participación equitativa de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.
El Gobierno de Nicaragua desconoció 41 de las recomendaciones, pero éstas serán objeto de análisis en junio próximo cuando el Consejo vuelva a escuchar los argumentos del Gobierno y de representantes de la sociedad civil. Los relatores evitaron precisar cuáles son esos 41 puntos.
Al ser sometido el informe ante los representantes de los países, anoche en Ginebra, la misión de Gran Bretaña pidió corregir la recomendación número 35, relacionada a la observación electoral.
El texto pedía la acreditación de observadores electorales, pero los británicos exigieron que precisara “observación electoral, incluidas las organizaciones civiles Ética y Transparencia e Ipade”.
La delegación de la República Checa también pidió precisar que es necesario que el Gobierno de Nicaragua adopte medidas de protección a los defensores de los derechos humanos.
Este informe es parte del Examen Periódico Universal (UPR) al que Nicaragua fue sometido por primera vez esta semana y del que saldrá un informe final en junio, cuando el Gobierno tendría que explicar por qué se niega a aceptar algunas de las recomendaciones.
El punto tres recomienda a la administración de Daniel Ortega garantizar el respeto y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, de forma colectiva e individual, relacionados con la asociación, reuniones pacíficas, participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y el derecho a hacer peticiones, críticas y denunciar irregularidades.
El punto ocho pide fortalecer la independencia e imparcialidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos nicaragüense, y el 29 solicita garantías para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar sin ser acosadas ni sufrir otras formas de intimidación.
- La directora de la oficina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Mesoamérica, con sede en Costa Rica, Alejandra Nuño, criticó que el Estado de Nicaragua haya asistido al consejo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), alegando que ha cumplido recomendaciones de diversas instancias de derechos humanos cuando aún tiene pendiente, por ejemplo, recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Yatama.
La funcionaria mostró preocupación por el hecho de que el Estado de Nicaragua no sólo esté en falta porque no ha cumplido, sino que en otros foros internacionales sostenga que ha cumplido, lo que calificó de vergüenza política.
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La recomendación 30 está relacionada a las amenazas e intimidación que han sufrido los defensores de los derechos humanos, algo que el Gobierno de Ortega debería frenar y además investigar y castigar.
En el acápite 32, el UPR de la ONU pide que en Nicaragua se mantenga irrestricta la libertad de expresión, igual que los derechos de asociación y reunión.
En el 33 exigen garantías de transparencia de los procesos democráticos y el respeto total a sus normas, reiterando en este punto la libertad de expresión y opinión y la libertad de asociación y reunión.
En la recomendación 35 hacen énfasis en la necesidad de garantizar la transparencia y el funcionamiento imparcial del Consejo Supremo Electoral (CSE).
MISIÓN HARÁ CONSTATACIÓN EN MAYO
El secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Eric Sottas, anunció que una misión de su organización visitará Nicaragua en mayo próximo e invitará a otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos a que observen lo que pasa en la nación nicaragüense.
En mayo, la OMCT tratará de conocer cómo el gobierno de Daniel Ortega acata las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Es uno de los puntos que vamos a plantear a las autoridades: Ustedes han prometido esto. ¿Dónde estamos? Y vamos a dar publicidad a lo que vamos a ver. Lo que se ha hecho se va a mencionar, pero todo lo que falta por hacer también lo vamos a mencionar y vamos a insistir en que los otros sistemas (organizaciones), es decir sobre juicios sumarios, tortura, visiten los países que no cumplen”, explicó Sottas.
Considera que el punto interesante de la revisión periódica (UPR) es que, “como todos los estados tienen que pasar, la sociedad civil de cada país puede expresarse a través de documentos escritos, que pueden circular, que se resumen y que hacen parte de la discusión”.
“También hay una presión de los miembros de la ONU para que, en la preparación y en el seguimiento, los gobiernos tomen en cuenta lo que la sociedad civil está pidiendo o está denunciando. Entonces, aquí va a depender mucho de la capacidad, por un lado de la sociedad civil de organizarse y, en otro lado, hay que reconocerlo, de si el Gobierno está dispuesto a discutir o no”, advirtió.
Sottas recordó que “en algunos casos hemos visto que el Gobierno está haciendo grandes promesas en Ginebra, pero años después vemos que no hay mucho seguimiento; por eso, mi organización está poniendo énfasis en el seguimiento, el Gobierno ha aceptado eso, vamos a ver meses después cómo se está desarrollando lo que ha prometido, porque ellos presentan a veces promesas muy lindas, pero cuando se va a verificar no es exactamente lo que está anunciado”.
PERIODISMO LIBREES ELEMENTAL
Sobre la posibilidad de que el Gobierno incumpla las promesas de resolver los problemas de derechos humanos señalados en el UPR, Eric Sottas enfatiza que ante eso “la prensa juega un papel fundamental”.
“Los gobiernos represivos atacan a la prensa y a las ONG porque son justamente los que documentan los casos que dan a conocer. La prensa encima tiene una capacidad de formar a la opinión pública, no solamente informar, sino dar un cuadro de explicación y entre más pluralista, mejor es, porque aquí hay distintas concepciones que se pueden presentar al ciudadano y eso es mucho mejor”, afirmó.
“El ataque contra la prensa, el ataque contra las ONG nos parece que hay que denunciarlo, aún si no llega al nivel de la tortura porque es el hilo que nos permite mantener contacto con la víctima y todo lo que pasa en un país, y se puede romper”, dijo el secretario general de la OMCT, organismo que apoyó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en la presentación del informe sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
EN JUEGO PRESTIGIOINTERNACIONAL
Roland Chauville, vocero del grupo de trabajo del Examen Periódico Universal (UPR), dijo a LA PRENSA que en la reunión de junio, para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones hechas ayer a Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer una exposición oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Si para entonces el Gobierno nicaragüense se resiste a cumplir las recomendaciones, la sociedad civil sólo podrá presionar para conseguir un diálogo nacional con las autoridades y retomar los temas, porque dentro de cuatro años Nicaragua volverá a pasar por la revisión del Consejo de Derechos Humanos y el país enfrentaría un problema de imagen internacional si continúan los mismos problemas.
“Son importantes estas recomendaciones para que las tomen en cuenta, aún si oficialmente no las van a aceptar” las autoridades. Si no las aceptan, en cuatro años le volverán a preguntar (al Gobierno) qué hiciste acá”, comentó Chauville.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A ,1 A
