La audiencia que realizó el juez suplente José Luis Araica, en el caso de la joven violada supuestamente por un compañero de trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), fue declarada nula por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con un escrito que se le envió a la juez titular Segundo Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, María Concepción Ugarte, se le hizo un llamado de atención a la judicial por haber integrado de manera ilegal como suplente a José Luis Araica, en el caso de la joven Fátima Hernández, quien acusa por violación a su ex compañero de labores Farinton Antonio Reyes Larios.
En la audiencia que realizó el juez Araica, no le dio la prisión preventiva al acusado Reyes, la cual merecería —según la víctima— por tratarse la violación de un delito grave.
Hernández ha denunciado que su agresor sexual es protegido por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
En tanto, el juez Araica es asesor legal en el Ministerio de Gobernación.
El secretario de la Corte, Rubén Montenegro, explica a la juez Ugarte que en los libros de acuerdos que lleva la Secretaría del Supremo Tribunal no existe ningún acuerdo donde se le autorice a Ugarte abandonar su judicatura en los días 28 y 29 de enero, y que tampoco estaba autorizada para dejar en su lugar a su suplente, el juez Araica.
La audiencia de la violación se realizó el 29 de enero.
La magistrada Alba Luz Ramos, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte, indicó que la Secretaría de la Corte sólo hace constar que las actuaciones del juez Araica son nulas en los días 28 y 29 de enero, pero no está declarando nula ninguna audiencia, porque eso lo debe pedir el abogado de Hernández, o la misma juez Ugarte decretarlo de oficio.
La carta de la Corte indica que cualquier actuación que haya realizado el juez Araica, en los días 28 y 29 de enero de 2010, “es completamente nula”.
La magistrada Ramos indicó que si se pone una queja en contra de la juez Ugarte se podría analizar y determinar si amerita alguna sanción.
La Secretaría de la Corte le recordó a Ugarte que debió avisar a la CSJ que no podía asumir en su juzgado los días 28 y 29 de enero, para que la Corte autorizara un suplente, pero ella no debió instalar a su suplente, a como se explica en un acuerdo que la Corte emitió en julio del 2009, sobre cómo integra a un juez suplente.
A COMENZAR DE NUEVO
La Red de Mujeres contra la Violencia, que ayer emitió un pronunciamiento en el cual condena lo vivido por la joven tras más de siete meses de haber denunciado el caso, demandó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el juez suplente José Luis Araica sea destituido de sus funciones a lo inmediato, “por irrespetar flagrantemente nuestra legislación al haber cometido el delito de tráfico de influencias”.
La organización defensora de las mujeres también demanda a la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, que se investigue y se apliquen las sanciones correspondientes en contra de los funcionarios de la Policía Nacional que se negaron acudir al llamado que les hiciera la joven ultrajada, cuando los delincuentes se encontraban en flagrante delito.
El abogado José Manuel Urbina Lara, quien representa a la víctima, sostuvo que la disposición de la CSJ se debe “comenzar de nuevo” y realizar las notificaciones a las partes.
Esto significa que la audiencia con carácter preliminar se vuelve a desarrollar en otro juzgado, aseguró Urbina Lara, quien expresó que con esta determinación de la CSJ insistirán en su demanda de que “haya un juicio limpio” y así evitar situaciones de parcialidad como las presentadas con el juez Araica.
FUNCIONARIOS PODRÍAN SER CITADOS
Mientras Xiomara Larios —madre del acusado como sospechoso en este caso, Farinton Reyes— dirigió ayer una carta a las magistradas Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Ligia Molina, para que le concedan una audiencia a ella y a su vástago. La Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, podría citar tanto a Reyes, en su calidad de empleado de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), como a otros funcionarios, entre éstos la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
La solicitud efectuada por escrito por Larios señala: “A raíz de que la supuesta víctima y su abogado han acudido ante ustedes a dar su versión de los hechos y a quejarse de anomalías existentes, es que vengo ante ustedes como mujer y como madre a solicitar en igualdad ante la Ley, se me conceda a mí y a mi hijo audiencia para exponer con pruebas y desenmascarar las injurias y calumnias que tanto la víctima como su abogado han vertido en contra de mi hijo”.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
