Una crisis constitucional podría ser el último peldaño en el marco de la elección de 25 funcionarios públicos, vaticinó ayer el decano de Derecho de la Universidad Politécnica (Upoli), Julio Castillo.
La causa sería la falta de acuerdo para la escogencia de los funcionarios y la aplicación del decreto 03-2010 que emitió el presidente Daniel Ortega para que los funcionarios actuales se queden en los cargos, aunque su período se haya vencido, lo que es inconstitucional.
El especialista recordó que la Constitución es clara en que una persona que ejerce un cargo de elección popular (diputado) no puede ser propuesta ni electa como magistrado electoral.
Ese precepto no ha sido cumplido. Los casos más recientes fueron los liberales de René Herrera y Luis Benavides, quienes fueron electos magistrados del Poder Electoral mientras eran parlamentarios.
Señaló que todas las personas tienen intereses que pueden ser representados por organizaciones políticas, pero eso no significa que se deba pertenecer a ellas, y por ende no considera válido el argumento de que los funcionarios electos deben provenir exclusivamente de los partidos políticos. La diferencia radica en que existen personas políticas, pero apartidistas, comentó.
Castillo, quien hizo una exposición sobre el “perfil idóneo para la elección del funcionario público”, auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer, dijo que la crisis se podría superar con un acuerdo nacional y no con “una negociación de cúpula”, que es lo que ha primado en Nicaragua.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
