¿Existe el magistrado electoral idóneo?

El día miércoles 20 de enero, el Magistradomiembro del FSLN, José Luis Villavicencio, descalificó al grupo cívico Ética y Transparencia como posible observador electoral. Alegó en su sentencia condenatoria la evidente parcialización de su representante legal, señor Roberto Courtney, por haber emitido opiniones que lo definían —según Villavicencio— como un sujeto inclinado hacia un partido político. El magistrado se expresaba con tal convicción, que por un momento me hizo pensar en la necesidad de exigir que todos los observadores electorales sean apolíticos, apartidarios y honestos a carta cabal. Sería lo ideal, pues a un observador se le pide que observe, anote y luego nos informe con absoluta veracidad, qué hicieron y cómo lo hicieron, aquellos funcionarios electorales responsables de distribuir maletas electorales, decidir cuándo un voto es nulo o válido, contar todos los votos, asignarlos a cada partido y finalmente publicar los resultados del conteo.

Todo este proceso es delicadísimo y trascendental para la vida política de cualquier país, en consecuencia requiere la imparcialidad garantizada de los observadores electorales. Resulta inaceptable por tanto, aquella persona que teniendo sesgo partidario se disponga a observar a un magistrado partidario. Todo lo anterior nos indica la claridad de principios, valores morales y éticos del señor Villavicencio, y si la práctica funciona diferente, no es por desconocimiento de causas. Esta situación nos debe hacer reflexionar a todos los ciudadanos nicaragüenses, pues los diputados quieren darnos atol con el dedo. Por un lado nos quieren convencer que es imposible elegir magistrados no partidarios, no políticos y que gocen de confianza mayoritaria, y por otro lado, los mismos magistrados electorales nos señalan estos valores como un requisito vital en la simple tarea de observar, ya no digamos en la tarea sustancial de contar los votos y declarar ganadores.

Muchas veces he escuchado decir a miembros del PLC que es inevitable negociar con el FSLN por el asunto de los 56 votos, como si esto hace inevitable elegir incondicionales sin dignidad ni amor propio. En la escala de valores de los caudillos, lo primero que satisfacen son sus intereses personales. Una vez garantizados éstos, si la decisión también beneficia al partido, mejor aún, y si de paso beneficia al pueblo, todavía mejor. Así deciden asuntos de cooperación internacional, de candidatos presidenciales o magistraturas de todo tipo. Nunca he oído a nadie del FSLN quejarse porque no tienen 56 votos, o justificar la escogencia de candidatos partidarios, militantes y obedientes al líder. Ésa es su naturaleza partidaria. No así el PLC, que se jacta de ser muy liberal y democrático, y es incapaz de vetar un solo candidato danielista —ni siquiera a la doctora Juana Méndez— a pesar que se saben de antemano sus propósitos y finalidades caudillistas. La razón es muy sencilla, ellos también quieren magistrados caudillistas y firman gustosos un pacto de “combo sin veto”.

El primer paso para romper el círculo vicioso de Poderes del Estado al servicio de caudillos debe ser dado por el sector con mayor reserva moral y democrática, y consiste en proponer un candidato verdaderamente idóneo, capaz de someterse al escrutinio de la contraparte. El segundo paso es vetar con firmeza intransigente cualquier candidato del oponente que sea notoriamente caudillista. Contrario al “combo sin veto”, si cada parte es capaz de aceptar, y mejor aún, aprobar al candidato contrario, estaremos sentando las bases para unas nuevas reglas del juego en beneficio de la imagen misma de los caudillos, pero principalmente de la Nación.

Las opiniones vertidas por el magistrado Villavicencio son prueba fehaciente de que en el fondo saben lo que necesitamos para una vida institucional moderna, próspera en beneficio del pueblo. Sin embargo, la Asamblea Nacional está dominada por dos corrientes políticas que nos arrastran de un extremo belicoso, avasallador y amoral, a otro mercenario, amorfo, inmoral. Los pocos diputados que han demostrado valor y dignidad deberán exigirle a ambos bandos que por el bien de Nicaragua pongan sobre la mesa aquellos miembros de su partido capaces de ser tolerantes, tolerados, exigentes en el cumplimiento de la ley, y sobre todo, capaces de generar confianza entre ciudadanos de distintos colores políticos. Sólo así, las instituciones recobrarán su autoridad y la sociedad convulsa podrá descansar y trabajar con armonía y estabilidad hacia un desarrollo sostenible.

Alemán se equivoca si espera un final feliz pactando con Ortega. Montealegre se equivoca si propone sus propios incondicionales, y el presidente Ortega se equivoca si cree que aliándose con el gran capital es condición suficiente para desarrollar el país, mientras asfixia grandes sectores sociales, económicos y políticos, en un ambiente de ingobernabilidad y opresión.

El autor es administrador de empresas

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