Dirigentes de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicotaxi) denunciaron que en varios departamentos del país se sigue dando la comercialización ilegal de placas de taxi y que esta situación no es controlada por las alcaldías, porque en muchos casos existe vínculo de funcionarios municipales en este proceso, que consideraron anómalo.
Vidal Almendárez, presidente de Fenicotaxi, señaló que en el país se hace necesario crear una instancia autónoma, que atienda todo lo referido a la temática del transporte en el país, con capacidad para resolver una serie de problemas que se vienen dando en el gremio.
Almendárez dijo que esto permitiría al sector transporte tratar cada temática de forma directa y precisa, sin tener que estar tratando con “chantajes políticos” de parte del Gobierno.
“La instancia tendría que ser autónoma. Trataría temas tan sensibles como las afectaciones que nos dejan las constantes alzas de los precios de los combustibles, entrega ilegal de concesiones, permisos de operación y la venta ilegal de placas de taxi”, indicó.
Almendárez señaló que existen quejas de los transportistas del sector selectivo, que trabajan en zonas como León, Carazo, Chinandega, Chichigalpa, Managua, Masaya, donde se comercializan de forma discrecional
“El sector transporte atraviesa problemas muy complejos. Las continuas autorizaciones de placas y concesiones que autorizan las autoridades municipales genera crisis entre los transportistas. Creo que el Gobierno y la Asamblea deben revisar la situación, para crear estabilidad”, insistió.
Eliseo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura en la Asamblea Nacional, dijo que para poder corregir toda esta problemática se deberá realizarse una reforma bastante profunda a la Ley General de Transporte Terrestre, propuesta que es analizada en la Asamblea.
Descartó la posibilidad de crear un ente autónomo para regular al sector transporte, pero dijo que se puede establecer controles precisos para terminar con situaciones referidas a la autorización ilegal de placas de taxi.
“En definitiva habría que controlar estas anomalías. Creemos que debe prohibirse a las alcaldías la autorización de placas, mediante una especie de moratoria establecida en la ley. Hay que establecer un control total del número de taxis y la demanda en cada departamento, calculando un promedio nacional. De modo que si el número de unidades excede al número de habitantes, no se autorice la entrega de más placas hasta tener una proporción”, indicó.
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