Es evidente que Daniel Ortega y sus funcionarios de gobierno no descansan en el afán de atentar contra la libertad de expresión y de prensa y controlar a los medios. Es que controlar a los medios significa controlar a la gente, como lo dijera esta semana en un periódico suramericano el escritor y periodista español Juan Cruz, adjunto a la dirección del diario El País de España. Pero tampoco los defensores de la libertad de prensa, dejamos de denunciar los atropellos gubernamentales y los intentos del régimen de controlar a los medios para controlar a las personas y la sociedad.
El mismo escritor y periodista español ha recordado una antigua regla no escrita del periodismo, según la cual, lo que le sucede a los periodistas no es noticia. Y por lo tanto, lo que le ocurre a los periódicos y a los medios de comunicación en general tampoco es noticia. Sin embargo, esta regla no aplica cuando lo que ocurre a los periodistas, a los periódicos y a los medios de comunicación social en general, afecta la libertad de expresión y de información que es patrimonio de todas las personas, protegido por las convenciones internacionales de derechos humanos y las constituciones nacionales.
Tal es el caso, por ejemplo, de la oscura compraventa del Canal 8 de televisión que comentamos ayer. Y tal es también la presión extorsionista que, por medio de su Dirección General de Ingresos (DGI), está ejerciendo el régimen de Daniel Ortega contra el Diario LA PRENSA, con el claro propósito de imponer un control indirecto sobre este medio y de atropellar el derecho de los nicaragüenses a una información libre e independiente.
En realidad, no se puede calificar de otra manera la actitud de la DGI de no entregar a LA PRENSA la constancia de exoneraciones de importaciones, que se requiere “para poder retirar de Aduana el material necesario para la impresión del periódico”, tal como informó este Diario en su edición de ayer. Esto es un abuso de poder que, además, se monta sobre otro abuso de ilegalidad, como es la aplicación de la Ley de Bayardo Arce contra la libertad de prensa, la cual es flagrantemente inconstitucional y por lo tanto nula de toda nulidad.
En efecto, la aplicación por parte del régimen de Daniel Ortega de la Ley Arce contra la libertad de prensa —que obliga a pagar impuestos de importación de papel, tinta y otros insumos indispensables para la impresión de los periódicos—, viola flagrantemente el artículo 68 de la Constitución que dice: “La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos y revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales”.
Además, las presiones extorsionistas del régimen de Daniel Ortega contra LA PRENSA, al negarle la constancia de exoneraciones de importaciones que la DGI tiene la obligación de entregar, inclusive de conformidad con la misma Ley Arce contra la libertad de prensa, es una violación del artículo 13, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Pero tal como hemos dicho, así como el régimen autoritario de Daniel Ortega no toma descanso en su afán de coartar la libertad de expresión y de prensa, de controlar a los medios de información para igualmente controlar y envilecer a la gente, tampoco nosotros nos cansamos de protestar ni de denunciar los abusos gubernamentales, los atropellos a la ley constitucional y la violación de los derechos humanos, que Ortega ha convertido de hecho en política de Estado. Denuncia que debemos llevar hasta instancias judiciales internacionales como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los órganos jurídicos encargados de velar por el respeto de los gobiernos a la libertad de información garantizada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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