Una crisis de identidad, similar a la que ha afectado otros momentos trascendentales de la historia del continente, y la inmadurez en el ejercicio del poder, han provocado una corriente de “gobiernos intolerantes” con la sociedad civil y sus organizaciones, entre ellos el de Daniel Ortega.
Para la uruguaya Anabell Cruz, presidenta de Civicus (Alianza Mundial por la Participación Ciudadana), lo llamativo de esta oleada de “presiones y hasta persecución” hacia la sociedad civil es que ocurre con más frecuencia en países con gobiernos de izquierda, donde la mayoría de funcionarios procede de organizaciones de la sociedad civil.
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- Durante el foro Las organizaciones de la Sociedad Civil en el Contexto actual, líderes territoriales expresaron que es hora de dejar de lado los foros, encuentros y comunicados, para comenzar a actuar.
Otro participante, Hamilton Cisne, dijo que “hay indicios de una guerra civil”, porque “los Comités de Persecución Ciudadana (en alusión a los CPC) no descansan para desbaratar a la sociedad civil”.
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Señaló que en Venezuela, Ecuador y Nicaragua es donde el enfrentamiento es más evidente. Pero aclara que la actitud hostil no ha sido asumida por todos, ya que hay gobiernos como los de Chile y Uruguay que mantienen relaciones civilizadas y armónicas.
“En Chile, como la cooperación internacional se ha retirado por los índices de desarrollo, el Gobierno ha desarrollado mesas de apoyo y fondos para las organización civiles”, explicó Cruz.
Dijo esperar que quienes actúan de forma errónea “maduren” y comprendan que es fundamental tener un buen gobierno, pero también una buena sociedad civil.
“Los gobiernos deben despejar sus temores a que desde la sociedad civil se compite por el poder, o por funciones que competen al Gobierno. Debe haber madurez para entender que hay nuevos modelos de gobernanza y de gobernabilidad, que aceptan y tienen lugar para todos”, afirmó Cruz.
EL CASO ORTEGA
El Libro Blanco de las relaciones Estado-Sociedad Civil 2007-2008, que fue presentado ayer en el foro Las organizaciones de la Sociedad Civil en el Contexto actual de Nicaragua, evidenció que el gobierno de Daniel Ortega no acepta la crítica, ve mal que lo quieran fiscalizar y prefiere relacionarse con la sociedad civil a través de los tribunales, al tratar de penalizar los roles habituales de la sociedad civil que son, entre otros, la fiscalización y el pedido de cuentas.
Silvio Prado, del Centro de Estudios y Análisis Políticos (CEAP), que realizó el estudio que culminó con la edición del libro, estima que a pesar del enfrentamiento con el Estado, la sociedad civil tiene que seguir luchando por ejercer sus derechos y no puede autocensurarse, porque de hacerlo perdería su razón de ser.
Prado advierte que de momento el Gobierno “fracasó en su pugna con la sociedad civil, pero eso no significa que haya renunciado a la lucha”.
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