ROMA/ EFE
El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, afirmó ayer que todos aquellos inmigrantes que trabajaban como jornaleros en la localidad de Rosarno (sur) que no tengan regularizada su situación en Italia serán expulsados, sin excepciones en la aplicación de la ley.
Maroni explicó que se seguirá el procedimiento habitual con los más de mil inmigrantes que, tras los enfrentamientos con los vecinos de los últimos días, ya han abandonado Rosarno. La mayoría han sido trasladados a centros de acogida de Crotona y Bari (sur de Italia).
“Los extracomunitarios que estaban en Rosarno han sido llevados a centros de primera acogida (…). Se trata de ciudadanos con permiso de residencia o que han presentado solicitud de asilo político. Para los demás se comenzarán los procedimientos de identificación, tras lo que analizaremos su estatus jurídico y procederemos en consecuencia, aplicando la ley italiana”, dijo.
Maroni, impulsor de la instauración del delito de inmigración ilegal en Italia, añadió: “Si las fuerzas del orden descubren un indocumentado, (éste) tiene que ser detenido y llevado a un centro de identificación y expulsión: identificado y posteriormente expulsado. Éste es el procedimiento que seguimos siempre”.
Según datos de Interior, más de 1,100 inmigrantes, en su mayoría de origen africano, han sido trasladados en las últimas horas de Rosarno a centros de acogida próximos para evitar que se repitan los altercados que han hecho que 53 personas permanezcan aún heridas, de los que 21 son extranjeros.
Miles de repatriados
Maroni explicó que en los dos últimos años 40,000 indocumentados han sido repatriados a sus países de origen y que los desembarcos de inmigrantes irregulares en Italia se han reducido un 90 por ciento, un resultado, según él, “excepcional”.
“Nuestra lucha contra la inmigración ilegal se desarrolla en dos líneas. Por un lado, la expulsión del indocumentado (…). De otro, se trata de impedir que lleguen”, comentó.
“Últimamente la acción de identificación se ha intensificado y por eso hemos decidido que en 2010 crearemos ocho nuevos centros de identificación y expulsión. En particular, en las regiones en las que no existen”, dijo.
Sobre la posibilidad de una huelga de inmigrantes en Italia convocada a través de Internet para el próximo 1 de marzo, el ministro reconoció el derecho a expresar su opinión, pero advirtió de que quien salga a la calle a manifestarse y no tenga papeles será expulsado.
Mientras Rosarno recupera la calma tras los altercados surgidos a raíz de una manifestación de inmigrantes en protesta por una agresión a dos de ellos, ya ha comenzado la demolición de una de las fábricas abandonadas en las que se alojaban los jornaleros en condiciones infrahumanas.
Maroni reconoció que una de las hipótesis que se barajan en la investigación de los hechos es que el grupo de la Ndrangheta (la mafia de la región de Calabria) esté detrás de la violencia contra los inmigrantes para conseguir echarlos de la localidad, aunque apuntó que la responsabilidad de lo sucedido se extiende a varios frentes.
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