CORRESPONSAL/ BOACO
La Casa de la Mujer de Boaco atendió 200 casos legales, durante el año pasado, de los cuales en su mayoría fueron demandas de pensiones alimenticias, en base a la ley de alimentos, informó Nohemí Martínez, coordinadora de AMNLAE.
Destacó la funcionaria que para atender a las mujeres se establecieron coordinaciones con el Ministerio de la Familia y los jueces, Ministerio Público y la Comisaría de la Mujer.
“Los casos que se reciben para las demandas de pensión alimenticia son remitidos por el Ministerio de la Familia y la Comisaría de la Mujer, cuando estas instancias no pueden resolver la causa por la vía administrativa”, indicó Martínez.
Señaló que la Casa de la Mujer les da acompañamiento a las mujeres en todo el proceso de la demanda por pensión alimenticia hasta el final, que concluye con la cárcel por incumplimiento de deberes alimentarios de los padres irresponsables.
Martínez lamentó que en ese sentido (demandas por incumplimiento de deberes alimentarios) las juezas estén menos sensibilizadas que los jueces varones, ya que según ella los hombres tienen más sensibilidad de género que las propias mujeres.
Destacó que el año pasado las mujeres de AMNLAE demandaron que se cumpla la ley 623, Ley de responsabilidad paterna y materna para el reconocimiento de los hijos que son negados por sus padres.
El primero de diciembre pasado varias mujeres comparecieron a la sesión del concejo municipal de Boaco para pedir el cumplimiento de la Ley 623, donde las bancadas de concejales liberales y sandinistas decidieron pasarla a comisión para echar a andar esa ley.
“Ya que es un gran problema porque aquí se le está violentando doblemente el derecho a los niños, niñas y adolescentes en el país, como es el derecho a su nombre y apellidos, así como a tener un padre y una madre biológica”, manifestó la coordinadora de la Casa de la Mujer.
Otra actividad realizada el año pasado fue la capacitación de las mujeres sobre sus derechos, poder y liderazgo, género, ley de igualdad de derechos y oportunidades, así como la ley de municipios.
“La Ley 230 protege a las mujeres que son lanzadas de sus casas, en este sentido los jueces y la Policía tienen la obligación de ir a restituirlas”, dijo Martínez.
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