Una de las principales conquistas del pueblo nicaragüense, en la breve época de los gobiernos democráticos que comenzó en abril de 1990 con doña Violeta Barrios de Chamorro y terminó en enero de 2007, cuando Daniel Ortega recuperó el poder presidencial, ha sido la libertad de expresión y de prensa. Y dentro de ésta, el derecho de hablar libremente sobre el Ejército y los temas militares en general, lo que en tiempos de la Guardia Nacional somocista y del Ejército Popular Sandinista era un tabú, algo peligrosamente letal.
En realidad, la desmitificación de lo militar es una conquista democrática global. En todas partes del mundo donde hay democracia, los ciudadanos tienen derecho de discutir sobre las fuerzas armadas, critican a los mandos militares cuando lo consideran necesario y no sufren represalias de ninguna clase. A nadie mandan a la cárcel por eso, ni lo apalean y mucho menos que lo acusen de traición a la patria, como solía ocurrir en Nicaragua en las épocas de las dictaduras somocista y sandinista.
En el mundo democrático existen y funcionan instituciones civiles especializadas en la investigación y divulgación de los asuntos militares, entre las cuales sobresale el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri), de Estocolmo, Suecia, que es una reconocida autoridad mundial en la materia. Y en cada país hay organismos de la sociedad civil, independientes del Estado, del Gobierno y de los ejércitos, como es el caso en Nicaragua del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), que monitorean los asuntos de seguridad pública, armamentismo, correlaciones regionales de fuerzas militares, relaciones de la sociedad con los militares, control civil sobre los estamentos armados, etc. Los cuales mantienen a la ciudadanía debidamente ilustrada sobre asuntos de tanta importancia.
Por supuesto que siempre y en todas partes también hay mandos militares a quienes les desagrada esa apertura democrática, prefieren el secretismo “estratégico”, consideran que sólo ellos pueden y deben hablar de las cosas del ejército, descalifican a los estudiosos e investigadores civiles de los problemas de la defensa nacional, la seguridad pública y las relaciones institucionales entre los ciudadanos armados —que no otra cosa son los militares— y la sociedad civil. Y tampoco faltan políticos civiles, inclusive entre los democráticos, que comparten con los militares la perniciosa alergia a la libertad de información y de crítica.
En Nicaragua, el derecho conquistado por el pueblo, de discutir sobre los temas militares, ya fue quebrantado jurídicamente mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada a mediados de mayo de 2007, la cual, en su artículo 15, establece que es “Información Pública Reservada” toda la referida a organización, equipamiento técnico y funciones de las fuerzas armadas. Eso contradice o restringe el derecho a la libertad de expresión y de información establecido y garantizado por la Constitución en su artículo 66. Además, ese artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública permite a los militares descalificar a los estudiosos civiles de los temas de seguridad pública y nacional, que con todo derecho opinan públicamente sobre, por ejemplo, que el cambio en las normas para el retiro de los generales va a impedir el ascenso y el crecimiento profesional de la oficialidad intermedia.
Peligrosamente se está haciendo desaparecer el derecho de los ciudadanos a opinar —directamente o por medio de los estudiosos civiles de los temas militares— sobre las personas designadas para ejercer los altos cargos en las instituciones armadas, acerca de la importancia fundamental de que los miembros de la cúpula militar sean seleccionados por su capacidad profesional, dedicación personal, antigüedad y experiencia, no por vinculación con el gobierno y mucho menos por afinidades políticas, ideológicas o personales con el gobernante de turno.
La libertad de opinar y discutir sobre todos los asuntos que son de interés público, incluyendo los militares, es un derecho democrático que los ciudadanos, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes no deben dejarse arrebatar. Además, suprimirlo o restringirlo va en perjuicio hasta del mismo Ejército, cuya legitimidad y prestigio social se debe a que su desarrollo profesional, institucional y democrático es reconocido por los ciudadanos, precisamente porque han podido criticar y valorar el comportamiento de la institución armada. Esto es algo tan obvio que los militares no lo deberían menospreciar ni olvidar.
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