Eduardo Amador McCoy
“En los Estados despóticos, ni hay leyes fundamentales ni depositarios de las leyes”
Montesquieu. (Del espíritu de las leyes).
Para aspirar a una magistratura en Nicaragua, debería de ser suficiente lo que la Constitución señala como requisitos fundamentales para ser investido en tan digno cargo, pero en nuestra realidad no es así. En épocas como la que hoy vive la república, donde el ejercicio político atraviesa por una profunda crisis de valores que trastorna hasta la institucionalidad del país, muchas más cualidades y virtudes se hacen necesarias en la figura de un pretendiente de tal naturaleza.
En Nicaragua la institucionalidad jurídica se ha torcido a conveniencia del régimen, las leyes se trastocan y el marco jurídico legal se pretende manipular para la consecución de objetivos políticos que benefician únicamente a los que detentan el poder. Jean-Jacques Rosseau, en su obra El contrato social , al abordar sobre el derecho del más fuerte, dice: “El más fuerte nunca lo es bastante para dominar siempre, sino muda su fuerza en derecho y la obediencia en obligación”.
De manera que la estrategia a seguir por parte del partido gobernante parece ser revestir de legalidad lo absurdo, convirtiendo para ello su fuerza de coacción en precepto jurídico, apoyado dicho propósito por la experiencia que les ha generado la judicialización de la política. Lo grave, sin embargo, es lo notorio del desgano en el bando opositor al gobierno para rebatir, Constitución en mano y de cara a la sociedad, punto por punto respecto a lo inconstitucional de dicho actuar.
En el año dos mil diez, los poderes del Estado tendrán que renovar mediante elección parlamentaria a treinta y tres de sus magistrados por vencimiento de periodo, pero los “padres del derecho criollo nicaragüense” ya sacaron un As bajo la manga. Será mediante una “Ley Marco” que garantizarán la extensión del periodo de dichos funcionarios en flagrante violación a la Constitución Política de Nicaragua una vez más.
Nicaragua necesita un inmediato rediseño de nuestra estropeada institucionalidad, pasando necesariamente dicho proceso por la sustitución inmediata y en estricto apego de la Constitución Política de Nicaragua de los funcionarios, cuyo plazo expire. No pueden los grupos parlamentarios de la oposición ir contra ley expresa, ellos saben que ninguna ley de rango inferior puede contraponerse a lo establecido en la Constitución Política.
Es hora que la oposición demuestre capacidad para defender desde la perspectiva jurídica el orden constitucional de la nación, el daño colateral que el pacto ha generado a la sociedad nicaragüense ha hecho colapsar los índices de confianza de la población respecto a estas autoridades, por lo tanto, la idoneidad de los propuestos a reemplazar a los treinta y tres magistrados salientes debe necesariamente estar respaldada por una trayectoria de respeto a las leyes, honestidad, eficiencia y ¿por qué no?, de transparencia patrimonial.
No es posible que aún hoy en Nicaragua, conocer con cuánto patrimonio entró a la administración pública un funcionario y con cuánto saldrá sea un secreto de Estado. La última palabra sin embargo la tienen los legisladores. Aprobar con voluntariedad de leguleyos un adefesio jurídico para mancillar nuestra carta fundamental no sería otra cosa que condenarse en los anales de la historia, a ser recordados como prevaricadores del Derecho y de las leyes.
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