Partiendo de la respuesta ciudadana del pasado 21 de noviembre, en la marcha convocada por la sociedad civil, la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) anunció ayer que impulsará una nueva campaña cívica para demandar la elección de magistrados idóneos en el Consejo Supremo Electoral (CSE), más la destitución inmediata de los actuales funcionarios de ese poder del Estado.
La campaña Nicaragua Volverá a ser República, en que se enmarca la nueva jornada cívica, constará de varias etapas y la pretenden culminar en el 2011.
Un primer paso es la jornada ciudadana Mi Voto Cuenta, en la que prevén recoger firmas de respaldo a los organismos de la sociedad civil que exigen verdaderos cambios en los distintos poderes del Estado, explicó Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
El 10 de enero del próximo año, en el marco del 32 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas, iniciaría la segunda etapa de la campaña impulsada por la sociedad civil, en la que se emitirá un pronunciamiento sobre la necesidad de que Nicaragua “vuelva a ser República”.
Julio Icaza Gallard expresó que tal como planteaba Chamorro Cardenal, la idea de República sentaba sus bases sobre un “gobierno moderado, un gobierno regido por el equilibrio de poderes, por la división e independencia de los poderes, un gobierno de leyes y no de personas”.
Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua (MpN), rechazó que la Asamblea Nacional apruebe una especie de “Ley Marco” que permita una prórroga indefinida a los funcionarios de Estado, cuyo período vence el próximo año.
Granera indicó que mantienen un diálogo con los partidos políticos, para lograr “un salto de calidad con el relevo o cambio de estos magistrados que tanto daño han hecho”.
En lo que respecta a los acuerdos asumidos por las representaciones políticas, de no elegir magistrados hasta tanto no haya cambios a lo interno del Poder Electoral, Granera dijo que no se trata de confiar o desconfiar de ellos, sino que fijan su confianza en el “poder de la gente”, por lo que esperan que le cumplan a los ciudadanos que les brindaron la responsabilidad de representarlos para la ejecución de cambios positivos en el camino a la democracia del país.
Ver en la versión impresa las páginas: 2 A
