El aplazamiento de la consideración legislativa, y en alguna forma puesta en observación del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, más específicamente la “ley mordaza” del presidente ecuatoriano y bolivariano Rafael Correa, es, en principio, una buena noticia. Confiemos en que el esfuerzo dé resultados y que se consiga “cambiar y mejorar ese proyecto” de manera que efectivamente la ley “garantice los derechos de libertad y los derechos ciudadanos de comunicación libre y democrática”, tal cual lo ha señalado el presidente de la asamblea legislativa, Fernando Cordero.
Pero lograr que efectivamente se garantice la libertad de expresión sólo es posible si se modifica totalmente el proyecto en cuestión, por lo cual lo más atinado sería desecharlo y botarlo a la basura. Es difícil encontrar un intento para eliminar de plano la libertad de expresión como este proyecto de Correa. Ni Chávez ha llegado tan lejos. Incluso en los países totalitarios donde no existe la libertad de prensa y el derecho a la información es nulo, como Cuba, la situación resulta ser mejor, simplemente porque no tratan de disimularla, como sí se pretende hacer con esta ley.
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Quizás se le fue la mano y el atropello es tan flagrante que es difícil sostener y apoyar esta novedosa vuelta de tuerca en defensa de la democracia “participativa, progresista e inclusiva” y de “reafirmación de la ciudadanía”, que con tanto ahínco tratan de imponer los países bolivarianos asociados en el Alba y algunos otros allegados.
Pero no hay que descuidarse. Hay otras iniciativas por ahí, financiadas, cuándo no, por el PNUD y con la OEA de José Miguel Insulza como socia, en procura de darle otra interpretación y otro manto a las nuevas democracias populistas, las que cada vez es más difícil encajar entre los límites de la devaluada y tantas veces desconocida y desvirtuada Carta Democrática Interamericana. Esta vez se le llama “La Democracia de Ciudadanía” —“Agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina”—, que dirige el ex ministro de los fracasados gobiernos argentinos de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, doctor Dante Caputo. Bajo esa carátula se puede ir y llegar a cualquier lado.
Lo preocupante es que, en lo que hace a la responsabilidad y las tareas de los medios de comunicación y los comunicadores, en algunos “documentos de trabajo” para alcanzar tan encomiable objetivo se agrupan una serie de ideas, reclamos, principios, señalamientos —no sé cómo llamarles exactamente— peligrosamente coincidentes con los fundamentos y propósitos de la ley mordaza de Correa que pretende imponer que la información que reciban los ciudadanos sea “responsable, veraz, contrastada, oportuna, contextualizada y plural”.
¿Y quién es el que decide sobre si se cumple o no con todo eso?
Tanto el proyecto ecuatoriano como el documento de trabajo del PNUD y la OEA hablan de “organizaciones”, “estructuras”, “instancias independientes”, para vigilar cómo los medios ajustan sus tareas a las pautas que se marcan en ambos documentos. Ahí está la respuesta. Hablan también de “autorregulación”, “compromisos públicos”, “participación ciudadana”, “democratización del acceso a la información”, “democratización de los medios de comunicación”, y por su puesto del desarrollo de medios de comunicación públicos, esto es, medios del Estado, lo que es decir del gobierno de turno. No está claro quién manejará a estos medios públicos, si alguno de los tres poderes republicanos, o el mandamás que ha concentrado todos los poderes en sus manos, situación que, según ha dicho Caputo, —y quizá se queda corto— impera en nueve países “democráticos” de la región.
¡Cuidado! Uno se fija en Correa, pero hay que estar atento, porque el mazazo puede venir desde cualquier otro lado.
Lo preocupante en lo que hace a algunos “documentos de trabajo”sobre la responsabilidad y las tareas de los medios de comunicación y los comunicadores, es que en ellos se agrupan ideas, reclamos y señalamientos propios de una ley mordaza.
Ver en la versión impresa las páginas: 13 A
