El Gobierno se decidió por los grandes empresarios con la nueva reforma a la Ley de Equidad Fiscal, dejando por fuera a los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas nacionales, quienes serán definitivamente los grandes perdedores netos, según el criterio de expertos y empresarios consultados.
“No hay ninguna medida en esta ley que disminuya la inequidad fiscal en toda esta reforma”, indicó esta semana el experto en temas tributarios Julio Francisco Báez, quien destaca los enormes desequilibrios en la propuesta y la enorme ausencia para superarlos.
El Gobierno logró una victoria parlamentaria con la aprobación de la ley de reforma a la Ley de Equidad Fiscal, realizada el jueves pasado con el apoyo de sus bancadas aliadas como la del BUN y ALN.
Es así que la reforma quedó prácticamente lista durante la última reunión del viernes 27 de noviembre entre las comisiones técnicas del Gobierno y el sector privado. En dichas comisiones participaron entre otros Edwin Castro, Ovidio Reyes, Francisco Abea y Elías Álvarez por el Gobierno.
Por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) estuvieron José Adán Aguerri, Luis Rivas, Carlos Aguerri, Silvio Bendaña, Henry Thompson, Aída Herdocia y René Vallecillo. Durante las negociaciones por esta ley no participaron delegados de las organizaciones de trabajadores, según afirmaron fuentes cercanas al Gobierno.
En estas reuniones se logró implementar una serie de medidas que permitieron que los bancos nacionales no fueran afectados con algunas disposiciones, como por ejemplo la retención definitiva por los intereses percibidos, que inicialmente era para todos los bancos que operan en el país, nacionales y extranjeros.
En la ley, a última hora, quedó que fueran exceptuados de la disposición “las entidades financieras nacionales legalmente constituidas”.
De esta forma los intereses que se devengan por operaciones con bancos extranjeros internacionales pagan impuestos, no así los nacionales.
En esa misma reunión quedó también sellado el impuesto para las máquinas tragamonedas, determinándose que se les impondrían por salas de juegos.
Con esta reforma el Gobierno busca obtener 951 millones de córdobas, para tapar un hueco en el Presupuesto dejado básicamente por el retiro de la cooperación internacional, motivado por el fraude electoral de noviembre del 2008.
PUNTO DE INFLEXIÓN
El punto más polémico de la nueva ley lo constituye la implementación del impuesto de pago mínimo sobre ventas, que es del uno por ciento, a pagarse mensualmente.
En este sentido, el economista Alejandro Aráuz sostiene que los grandes empresarios quedaron protegidos, mientras que los pequeños tendrán que hacer fuertes ajustes para poder enfrentar el nuevo impuesto de pago mínimo (IPM), que golpeará a aquellas empresas cuyo margen de utilidades es de menos del 10 por ciento.
“Las grandes empresas están tranquilas, ya que sus márgenes de utilidades son altos. El uno por ciento de un margen del 20 o más por ciento no les afectará considerablemente; puede ser tan bajo que ni siquiera les molesta, no les afecta”, expresa el economista, quien sostiene que la nueva ley provocó una enorme distorsión en el concepto de renta gravable.
“Han distorsionado, han introducido un sesgo en contra de los sectores que juegan en el mercado más competitivo, como son las pequeñas y medianas empresas, que tienen que competir con importadores, tienen que competir con mercados externos, están trabajando con márgenes de ganancias muy bajos”, sostiene Aráuz.
Esto lo ejemplifica con una empresa cuyas ventas son de cinco millones al año y tiene un margen de ganancia del 20 por ciento. Al pagar su IPM, le correspondería el uno por ciento, es decir, 50 mil córdobas. Pero tiene un margen de ganancia del 20 por ciento, que equivale a un millón de córdobas, de forma que el impacto del IPM es mínimo.
Es decir que ese IPM sobre la renta neta, que serían sus utilidades, equivale a apenas el 5 por ciento de IR.
Sin embargo, un trabajo cuyos ingresos sean de 100 mil un córdobas tendrá una tasa de IR del 10 por ciento, es decir, pagará un porcentaje mayor. Esto obviamente variará entre las empresas.
No obstante, destaca que el sector más golpeado en este caso será el productivo, ya que sus márgenes de ganancias son reducidos. De forma que el golpe irá sobre aquellas empresas cuyos márgenes sean menores al 10 por ciento, y que además no se encuentren bajo ningún régimen especial de tributación, como la industria fiscal o la cuota fija, entre otros, ya que el nuevo pago mínimo podría implicar dejarlos sin utilidades.
En este sentido, sostiene que la salida que verán estas empresas será la de buscar cómo aumentar sus márgenes de ganancias aumentando el precio de sus productos y reduciendo los gasto por salarios, que eventualmente se expresarán en despidos de trabajadores.
Según el economista, el pago del IPM dependerá de la renta de las empresas, de forma que si el pago del IR sobre la renta gravable es superior a la renta bruta gravada con el IPM, el que predomina será el más alto de ambos.
Sobre este aspecto, el también economista Adolfo Acevedo señala que “se pagaría el monto que resultase mayor: el pago mínimo sobre las ventas brutas, o el 30 por ciento del IR. Se espera que en parte importante de los casos resultará menor el pago mínimo, y por esta razón esta sola medida aportaría una gran parte (el 46 por ciento) del impacto recaudatorio de la reforma”.
Al mismo tiempo, agrega que el IPM, por su naturaleza, es una forma de impuesto a las ventas. “Un impuesto que grave los ingresos brutos de las empresas equivale a una especie de impuesto sobre las ventas”, asevera.
Señala que de esta forma este impuesto tiene un efecto en cascada, “puesto que, al contrario del IVA, no permite acreditar el impuesto pagado por las compras de los insumos indispensables para producir o comercializar un bien o servicio”.
UN ALTO COSTO
En este sentido, el economista considera que sí es viable que el Gobierno logre la recaudación propuesta con la reforma de 951 millones de córdobas, esperada para el próximo, pero a un alto costo social y económico.
“El problema que van a sentir es en aquel sector de empresas donde los márgenes de ganancias están por debajo del cinco por ciento, allí el impuesto se convierte en un impuesto casi confiscatorio”, asegura Aráuz.
Por otro lado, agrega que el contexto de las empresas es adverso, ya que “se debaten en tres flancos; por un lado, la afectación de la crisis económica internacional, los altos costos; se debaten con financiamiento caro, y además tienen que abrirse en mercados con una competencias fuerte”.
Es por eso que en este sentido considera que este impuesto es “distorsionador económicamente hablando”.
Por ello, sostiene, en este contexto las empresas tendrán que luchar por lograr márgenes de ganancias más altos, para lo cual quedan dos opciones.
“Una mayor concentración monopólica, por un lado, y otro, un efecto en los salarios, en la parte social salarial, en los beneficios salariales, un efecto en los convenios colectivos, en los aportes de las empresas en varias actividades sociales. El impuesto va a afectar con gran fuerza aquel enfoque que vienen manejando de responsabilidad social”, explica el economista.
De forma que insiste en que el impuesto es “arbitrario desde el punto de vista jurídico y distorsionador desde el punto de vista económico”.
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