Luis Núñez, Ludwin Loásiga y Mario Moncada
Ejecutivos de la empresa Wal-Mart de Nicaragua sostuvieron reuniones con los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista, a quienes expusieron los riesgos que como empresa corren con la aprobación de la nueva reforma a la Ley de Equidad Fiscal, avalada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Eduardo García Montenegro, gerente de Asuntos Corporativos de Wal-Mart Nicaragua, sostuvo que para la empresa la nueva ley significaría una disyuntiva. “Tendríamos dos opciones, una, como mencionaba, es que se crearía una inflación a todo nivel en todos los sectores; el sector supermercado es un sector muy sensible que trabaja con márgenes muy bajos. Y la otra es ver la posibilidad de reducir y hasta cerrar la operación aquí en Nicaragua”.
Esta decisión tendría un alto costo para el país, ya que esa empresa genera 2,500 puestos de trabajo y exporta alrededor de 19 millones de dólares en productos nicaragüenses.
García agregó que la empresa presentará una propuesta a las diferentes bancadas parlamentarias alrededor de la capacidad de pago que tiene para asumir el costo del impuesto pago mínimo (IPM), del uno por ciento definitivo.
“Estamos viendo el impacto que tendría la aprobación de la reforma para el sector supermercados, que es un sector muy fuerte, queremos hacer conciencia con los diputados de todas las bancadas de la afectación que tendría en todos los supermercados (la aplicación) del uno por ciento sobre las ventas brutas, ya que esto afectaría los precios de los productos que nosotros ofrecemos”.
En ese sentido, explicó que la aplicación de ese impuesto sobre las ventas brutas sería pagado al final por el consumidor, ya que eventualmente el impuesto sería trasladado al costo de los productos, que en un 80 por ciento son productos de la canasta básica, lo cual a su vez generaría una mayor inflación estimada entre 2 y 3 por ciento.
Fuentes cercanas al sector comercio también expresaron que igual preocupación muestran comerciantes y empresarios de tiendas minoristas en el país, quienes estiman que esta reforma será un golpe para el sector.
AGUIRRE RECONOCE FORTALEZA DE WAL MART
Por su parte, el diputado liberal Francisco Aguirre dijo que la reforma tributaria que se discutirá mañana en el parlamento podría afectar el clima de inversiones en Nicaragua y alejar del país a un “pulpo económico”, como lo es Wal-Mart.
El legislador explicó que Wal-Mart abrió 9 mil 500 empleos directos e indirectos, compra 200 millones de dólares anuales a las maquilas y exporta desde Nicaragua casi 19 millones de dólares al resto de Centroamérica.
Comentó que Wal-Mart tendrá una salida, de aprobarse la reforma tributaria: abandonar el país. Aguirre agregó que igual situación sufren los supermercados La Colonia y PriceSmart.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, aseguró que las empresas tienen la capacidad de resistir la nueva tributación.
De hecho, Gutiérrez manifestó que algunas empresas evaden impuestos.
“Revisando las bases de datos en el Ministerio de Hacienda, hay muchas empresas que son exitosas, con ventas millonarias en este país y al cierre de su declaración fiscal anual te reportan pérdidas, o sea están mintiéndole al Estado y le están robando plata a los nicaragüenses”, dijo Gutiérrez, quien sostuvo una reunión con los ejecutivos de Wal-Mart.
“(Hay empresas que) le están metiendo la mano en la bolsa al pueblo y por eso creemos que, de manera temporal, el uno por ciento sobre las ventas, como un impuesto de pago mínimo, es correcto para que estas empresas al menos paguen algo, no es posible que empresas como las que venden petróleo y sus derivados estén declarando 15 millones, 16 millones de córdobas de utilidades, cuando todos sabemos la cantidad de recursos que mueven estas empresas”, señaló Gutiérrez.
PIDEN ELEVAR PISO DE IR
En tanto, el dirigente sindical y diputado sandinista, Gustavo Porras, anunció que en el primer trimestre de 2010 los trabajadores irán a las calles, para demandar que el piso del impuesto sobre la renta (IR) llegue a los cien mil córdobas anuales y no se quede en los 75 mil.
El sector sindical se sumó al rechazo del proyecto de ley y fustigó al Gobierno por dejar en 75 mil córdobas anuales la base exenta para el pago del IR para los asalariados. Roberto González, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), y Luis Barbosa, de la central José Benito Escobar, aseguraron que durante la discusión en la Asamblea pedirán en que se deje establecido revisar el próximo año la posibilidad de elevar a 100 mil la base exenta para el pago del IR.
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