El jueves 26 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó y dio a conocer públicamente una resolución política sobre Nicaragua, en la que condena la pretensión de reformar ilegalmente la Constitución para permitir otra reelección presidencial de Daniel Ortega, mediante el remedo de resolución que seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia dictaron el lunes 19 de octubre del año en curso. “Sólo el Poder Legislativo está autorizado a pronunciarse sobre la reforma constitucional, lo que en ningún caso puede hacer un tribunal”, se dice en la declaración del Parlamento Europeo sobre Nicaragua, en relación con la farsa de resolución judicial para anular el artículo 147 de la Constitución que prohíbe otra reelección de Daniel Ortega.
“Hay una tendencia alarmante en Latinoamérica a consolidar regímenes populistas mediante la extensión del mandato de los presidentes en ejercicio. Esto se parece al camino recorrido por figuras como Hitler y Lenin para mantenerse en el poder. Cuba es un ejemplo, Nicaragua es otro más”, dijo al comentar la declaración del Parlamento Europeo, el eurodiputado conservador Tunne Kelam, uno de los representantes de la ex república comunista soviética de Estonia que ahora es un ejemplar Estado democrático.
Desde que Daniel Ortega recuperó el poder total y trata de demoler las instituciones democráticas del país, esta no es la primera vez que el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de la democracia en Nicaragua. En diciembre del año pasado, después del gran fraude en las elecciones municipales del 9 de noviembre, el Parlamento Europeo emitió otra declaración pública en la que exhortó “al Gobierno nicaragüense y a las distintas instancias del Estado a que respeten la libertad de expresión y la independencia de la justicia, garantizando el mantenimiento de los fundamentos democráticos del país”.
En realidad, en su posición respecto a Nicaragua tanto el Parlamento como la Unión Europea se fundan en el principio inalienable de que los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores universales que deben ser defendidos en cualquier parte del mundo donde no existen o son violados y amenazados. La protección de estos valores universales es responsabilidad de todos los gobiernos, de todos los pueblos y de todas las personas. Ningún gobernante puede violarlos impunemente, amparándose en el derecho de autodeterminación nacional y de no injerencia extranjera. Más aún, como se dijo en la declaración del Parlamento Europeo, en diciembre del año pasado: “La Unión Europea y sus socios, al suscribir con terceros países acuerdos que incluyen una cláusula relativa a los derechos humanos, asumen la responsabilidad de hacer que se respeten las normas internacionales en materia de derechos humanos”.
Pero no todos los miembros del Parlamento Europeo son consecuentes con el compromiso moral de defender los valores universales de derechos humanos, libertad y democracia. En la votación de la declaración sobre Nicaragua aprobada el jueves pasado, los eurodiputados izquierdistas se abstuvieron porque según ellos era un ataque contra Nicaragua. Al parecer, los eurodiputados izquierdistas creen que Daniel Ortega es Nicaragua, o su dueño absoluto. Se necesita mucho descaro político para decir que la defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia, así como la denuncia del fraude y los atropellos contra la Constitución y la institucionalidad democrática, constituyen un ataque contra Nicaragua, y no una crítica a su régimen antidemocrático.
Los eurodiputados izquierdistas que por complicidad ideológica, o por lo que sea, avalan los atropellos de Daniel Ortega, pretenden ignorar que entre las obligaciones del Parlamento Europeo están las de “presentar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en terceros países”, “examinar habitualmente, en sus sesiones plenarias mensuales, casos de violación de los derechos humanos y de los principios de la democracia y del Estado de derecho”, y “condenar a gobiernos responsables de violaciones de los derechos humanos”, según se dice en los portales electrónicos de dicha institución.
Sin duda que la lucha por la defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia en Nicaragua, le compete principalmente a los mismos nicaragüenses. Pero todos los gobiernos e instituciones democráticas del mundo, tienen la obligación política y moral de defender a nivel global esos valores universales, tal como lo han hecho y deben seguir haciéndolo con Nicaragua, la Unión y el Parlamento Europeo. Esta es una valiosa y eficaz solidaridad que mucho agradece el pueblo democrático nicaragüense.
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