La violencia contra las mujeres

Enrealidad, ¿cómo esperar que no haya o que  disminuya la violencia en general y  contra las mujeres en particular, donde  una acusación judicial de violación sexual es   convertida en “mérito” para escalar el poder y para fomentar  un exacerbado culto personal del gobernante, inclusive por parte de algunas mujeres  que actúan como cuchillos contra su propia carne?

De manera que no puede sorprender la información que han ofrecido esta semana activistas de los movimientos sociales contra la violencia que sufren las mujeres, acerca de  la persistencia y el incremento de este vergonzoso delito, con motivo de que hoy 25 de noviembre es  el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual fue instituido el 17 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54/134 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según la información que ofreció el lunes de esta semana la Red de Mujeres contra la Violencia, desde enero hasta mediados de noviembre de este año han muerto 69 mujeres, incluyendo a siete niñas menores de 10 años de edad, como consecuencia de la violencia de género. Y es indignante  que sólo 17 autores de esos brutales delitos tengan  sentencia judicial firme, mientras que otros 39 se encuentran prófugos de la mal llamada justicia de Nicaragua; una “justicia” que es veloz y muy eficiente para castigar a los adversarios del régimen autoritario de Daniel Ortega, así como  para dictar resoluciones políticas  ilegítimas que satisfacen el ansia de aumento y prolongación de poder del dictador en cierne, pero es muy lenta y negligente ante delitos contra la persona, la sociedad y la dignidad humana, como son los de violencia contra las mujeres, violaciones sexuales y otros de la misma calaña.

Realmente la violencia doméstica, intrafamiliar, contra la mujer, de género, sexual, o como se le quiera denominar, es una pandemia social que cobra más víctimas que cualquier enfermedad epidémica. “A nivel mundial —se asegura en las estadísticas internacionales—, una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o fue víctima de algún tipo de abuso durante su vida. En la mayoría de los casos, la persona que comete el abuso es un miembro de la familia de la víctima”.

Y en la antes mencionada Resolución 54/134 de la ONU, “se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia”.

Pero no sólo al Estado y los gobiernos les compete adoptar e implementar “medidas urgentes y eficaces” para eliminar la incidencia de la violencia contra la mujer. Ésta es una tarea que debe ser asumida por toda la sociedad, en primer lugar para exigirle a los gobernantes que dicten y ejecuten disposiciones legales e institucionales con vistas a combatir eficazmente la violencia contra la mujer, y vigilar que las cumplan, así como también mediante la realización de iniciativas propias  de la sociedad civil, sin exclusiones ni reparos ideológicos, políticos o de cualquier otra índole.

La lucha por la erradicación de la violencia que sufren las mujeres —un mal tan extendido que no conoce barreras sociales ni culturales y cuya persistencia debería ser motivo de vergüenza para toda la sociedad—, tiene que ser practicada y apoyada por todas las personas de buena voluntad, independientemente de ideologías, filiaciones o simpatías políticas, o condición económica y social. Y en el cumplimiento de esta tarea es primordial hacer conciencia en  los ciudadanos para que no elijan como gobernantes ni representantes a políticos machistas que ya en el poder mandan a sus turbas a golpear mujeres, y quienes, entre sus penosos antecedentes tienen acusaciones de violencia contra la mujer. Los que abusan de las mujeres  deben estar en la cárcel, no en el poder.