TEGUCIGALPA/AFP
“Si acudes a votar te pasará esto o cosas peores”, se lee en un cartel donde aparece una persona matando a otra con un fusil: es parte de la guerra psicológica contra las elecciones que el gobierno interino celebrará el domingo en Honduras.
Nadie firma la amenaza, pero pretende amedrentar a la población para que no acuda a las urnas el próximo 29 para elegir al futuro presidente, vicepresidentes, diputados, alcaldes y concejales, en unas elecciones altamente cuestionadas, ya que el gobierno de facto no ha consentido restituir al presidente constitucional Manuel Zelaya, expulsado del poder por el golpe de Estado del 28 de junio.
El candidato del oficialista Partido Liberal (PL), Elvin Santos, se desplazó este martes por las calles polvorientas de la paupérrima colonia Las Brisas, al sur de Tegucigalpa, para retirar los carteles de los postes del tendido eléctrico y las paredes de las casas.
“Hemos recorrido los barrios hoy (ayer) en la ciudad capital. Tiene que haber capacidad para que la gente no tenga temor. La Policía tiene que dar las condiciones de seguridad. La gente tiene que ir a votar”, declaró Santos a periodistas que lo acompañaban.
Rodeado de una muchedumbre que gritaba ¡Elvin!, ¡Elvin!, y miembros de la seguridad, Santos se encargó personalmente de arrancar los afiches en Las Brisas.
“No a las elecciones, sí a la Constituyente”, “Ante la farsa electoral, juramos no votar”, decía otro de los carteles, con una foto de las manifestaciones del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado.
El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, una organización de masas de obreros, campesinos, educadores y otros sectores de izquierda que apoyan a Zelaya, rechazó que esté amenazando a los electores.
“Recordamos que las acciones del Frente son exclusivamente pacíficas y rechazamos cualquier declaración, desinformación o acción mal intencionada de parte de la dictadura”, anotó un comunicado de esa agrupación.
Por otra parte, Zelaya dijo ayer que Estados Unidos cometió un “delito contra la democracia” al cambiar su posición respecto al golpe de Estado e indicar que la prioridad eran las elecciones y no su restitución, y aseguró que ese país y Panamá pueden ser “sancionados” por violar la Carta Democrática Interamericana.
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