El presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, insistió en que los servidores públicos no deberían ocultar el monto de su riqueza patrimonial, al hacer énfasis en la presión que existe en la Contraloría para que se revele el monto al que asciende la fortuna del magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas.
Argüello se refirió ayer al trámite que la Contraloría está dando a la solicitud de la declaración de probidad del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, que LA PRENSA y El Nuevo Diario han hecho a esta institución estatal.
En reiteradas ocasiones, Rivas ha sido señalado de poseer una gran fortuna patrimonial, incongruente con el salario que devenga como magistrado que asciende a sólo 5,000 dólares mensuales, menos deducciones.
Además de poseer millonarias mansiones en Costa Rica, Rivas se da el lujo de viajar en aviones privados .
Argüello, quien se excusó de conocer la solicitud de información presentada por los medios escritos, señaló que “las declaraciones de todos los servidores públicos deben ser públicas. El que quiera ser servidor público, lo primero que tiene que pensar es que sus bienes van a ser conocidos”.
“Si no quiere que se conozca, entonces que se dedique a otra cosa. El que quiere ser servidor público tiene que ser transparente”, añadió.
Tras finalizar su participación en una reunión con la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional, Argüello señaló que están dando tres días para que Rivas autorice la entrega de su declaración de probidad.
De no responder a la solicitud, explicó que será el Consejo Superior de la Contraloría General de la República el que decidirá si revelan o no la información.
Rivas es uno de los principales aliados y amigo cercano del presidente Daniel Ortega, y ambos lideraron el fraude electoral municipal del 2008.
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