Once de cada cien usuarios de los servicios públicos de las alcaldías del país pagaron “para agilizar” sus trámites y no recibieron ningún comprobante de pago, lo que clasifica esas transacciones en pagos oficialmente no autorizados y mejor conocidos como “coimas”, de acuerdo con un estudio sobre la percepción de corrupción en servicios públicos locales.
La medición, financiada en julio pasado por el Fondo conjunto de donantes para la anticorrupción, se hizo en seis mil hogares distribuidos en más de 70 comunidades del país.
Jorge Arosteguí, director de la firma independiente CIET International que realizó el estudio, explicó que los pagos realizados por los usuarios de las alcaldías se convierten en “no autorizados” cuando no se rinde cuentas o no hay constancia de que los mismos fueron registrados en la contabilidad de las arcas municipales.
Los datos del estudio, que se enmarcan en un proceso de auditoría social que inició desde 1998, concuerdan con los resultados de una sistematización sobre corrupción municipal, elaborado por la Universidad de Vanderbilt en el 2009.
- La corrupción en los juzgados del país está empeorando, de acuerdo con el diagnóstico de Percepción de la Corrupción en Servicios Públicos Locales, financiado por las agencias de cooperación de Noruega, Dinamarca y Finlandia.
El documento establece que los ciudadanos han pagado en su mayoría entre 100 y 500 córdobas (24 por ciento), mientras el 17 por ciento dice haber pagado entre mil y 3 mil córdobas, y otro 17 por ciento más de 3 mil córdobas.
Como resultado a esas transacciones, 63 de cada 100 hogares perciben corrupción en los juzgados capitalinos, 43 de cada 100 en los departamentales y 31 hogares de cada cien cuando se trata de municipios y comarcas.
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De acuerdo con esa sistematización, que es citada en el Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, también financiado por el Fondo conjunto de donantes para la anticorrupción, el 9.8 por ciento de los nicaragüenses encuestados en el 2008 habían sido víctimas de corrupción municipal en los últimos doce meses.
LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS
Miguel Peñailillo, consultor del estudio Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, indicó que hay ciertas áreas de riesgo mayor de corrupción en las municipalidades y en las instituciones del Estado.
De acuerdo con el texto de Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua, la falta de un inventario del activo fijo en las municipalidades y las compras sin cotizaciones de respaldo facilitan la concurrencia de delitos de malversación de caudales públicos, y el uso indebido o la apropiación de bienes municipales.
En el Diagnóstico de la Corrupción se alude a que los exámenes practicados sistemáticamente por la Contraloría General de la República en las municipalidades del país arrojan que las mayores debilidades de los sistemas de gestión y control interno están ubicadas en el control financiero y la contratación de bienes y servicios.
Como ejemplo se menciona que el 92 por ciento de las auditorías efectuadas por la Contraloría, entre el 2004 y 2005, mostraron riesgos en el sistema de administración financiera.
PERCEPCIÓN MEJORA, PERO INFORMACIÓN DISMINUYE
De acuerdo con el estudio sobre la percepción de corrupción en servicios públicos locales, el 39 por ciento de los hogares abordados siente que su opinión es tomada en cuenta por las alcaldías.
El dato muestra un avance muy significativo si se toma en cuenta que en el 2003 la percepción de “ser tomado en cuenta” era apenas de un 18 por ciento.
En el caso de Managua, también se registra un aumento en la percepción de que la población es tomada en cuenta, sin embargo, a un nivel más modesto, pues pasó del 26 por ciento en el 2006 a 28 el porcentaje de la población que se siente tomada en cuenta en el 2009.
Sin embargo, el dato que sí ha disminuido para mal es el que refleja el sentimiento del acceso a la información.
En el 2003 el 18 por ciento de los hogares encuestados indicaba que se sentían informados sobre cómo utilizan las alcaldías los recursos. Sin embargo, en el 2009 el porcentaje de los informados disminuyó a doce por ciento.
“Es necesario hacer énfasis en que la población se siente más tomada en cuenta, si tiene acceso a la información”, dijo por su parte Carlos Hernández, uno de los investigadores del estudio.
Emilio Ortega, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también indicó la necesidad de evaluar si la población está utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, como herramienta para obtener datos municipales.
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