Diputados, funcionarios de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil se constituyeron ayer en un consejo nacional para dar seguimiento a la situación de los migrantes nicaragüenses indocumentados que residen en Costa Rica.
El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, manifestó que no hay datos exactos de la cantidad de nacionales indocumentados residiendo en Costa Rica, y a quienes el Estado debe dar respuesta en cuanto a la entrega de documentación para quienes no los posean y así puedan regularizar su situación antes de que en abril del próximo año entre en vigencia la Ley de Migración de Costa Rica.
Jarquín manifestó que se estima que un 40 por ciento, de cerca de 400 mil nicaragüenses que viven en el vecino país, está ilegal. Asimismo buscan mecanismos para que los que no tengan documentos para regularizar la situación en ese país los posean.
El parlamentario consideró muy positivo que la dirección general consular empezó a elaborar una documentación que ha definido como carné consular y estará emitiéndolo a partir de enero
Heydi González, funcionaria del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que les preocupa la población que no tiene documentos, pues no están identificados.
Sin embargo, la directora de Migración y Extranjería, María Antonieta Novoa, expresó que conocen que muchos de los nacionales en el vecino país presentan algún tipo de documentación como cédulas, pasaporte, sea ordinario o provisional, y dentro de los requisitos que piden las autoridades costarricenses es que presenten un documento que les acredite como nacionales.
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