Lo que dijo sobre Honduras el representante alterno de Estados Unidos en la OEA, el lunes de esta semana, durante la sesión del Consejo Permanente de esta organización hemisférica en Washington, se puede interpretar como que al menos en apariencia se estaría produciendo un cambio de la posición estadounidense ante la crisis hondureña.
En realidad, el representante alterno de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, causó un gran impacto internacional con su tajante declaración oficial de que: “El retorno del presidente Zelaya a Honduras es irresponsable y tonto y no sirve ni a los intereses de su pueblo ni a aquéllos que buscan el restablecimiento pacífico del orden democrático en Honduras”. Y después de pedirle a Zelaya que deje de actuar igual que un comediante, “como si estuviera en una vieja película de Woody Allen”, el diplomático estadounidense advirtió que “los que facilitaron el retorno del presidente Zelaya tienen una especial responsabilidad para prevenir la violencia y el bienestar del pueblo hondureño”, lo cual fue entendido como una alusión más directa que indirecta a los gobernantes de Venezuela y Brasil.
Sin duda que la posición presentada por el embajador Amselem este lunes, en el Consejo Permanente de la OEA, contradice lo que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó la semana pasada después del operativo clandestino internacional que llevó a Manuel Zelaya a Tegucigalpa y lo instaló en la Embajada de Brasil, desde donde ha llamado a la insurrección de sus partidarios con el propósito de recuperar el poder. En esa ocasión, la señora Clinton prácticamente demostró su satisfacción con el operativo y dijo que tenía la esperanza de que el retorno de Zelaya a Honduras, fuera una “oportunidad” para la salida pacífica a la crisis. Y esto se interpretó, lógicamente, no sólo como que Estados Unidos estaba de acuerdo con el operativo internacional que introdujo clandestinamente al ex presidente Zelaya en Honduras, sino que EE.UU. había participado en el mismo de alguna manera directa o indirecta, o que por lo menos había tenido previo conocimiento del hecho.
Como sea, lo cierto es que un cambio de posición de Estados Unidos en cuanto a cómo resolver la crisis de Honduras, ayudaría en gran medida a una solución que sirva efectivamente no sólo para restablecer la normalidad política en ese país sino también y sobre todo para fortalecer la democracia hondureña. Y esa solución consiste, simple y sencillamente, en dejar que los mismos hondureños resuelvan su grave dificultad a través del medio democrático por excelencia, que es la votación popular. O sea, respaldando la celebración de unas elecciones transparentes el 29 de noviembre próximo y comprometiéndose a respetar sus resultados legítimos.
Por cierto que eso es precisamente lo que el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post le ha sugerido al Gobierno de Estados Unidos que haga, al decir editorialmente que “la única manera válida de resolver la crisis en Honduras es sostener las elecciones presidenciales pautadas para el 29 de noviembre y hacerlas de tal manera que permitan a los hondureños expresarse libremente y a los gobiernos de la región aceptar los resultados”. Esa misma posición la estableció el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ante la Asamblea General de la ONU, cuando dijo: “Dejemos que los hondureños resuelvan entre ellos democráticamente su presente destino y futuro”, y añadió que “un Gobierno de unidad que dirija las elecciones es la mejor salida de la crisis”.
A una propuesta sensata, realista, equilibrada y genuinamente democrática como ésa, es que se deberían apuntar los gobernantes demócratas de las Américas y de Europa, ante todo el de Estados Unidos. Así demostrarían que de verdad quieren que la crisis de Honduras se resuelva conforme a las reglas de la democracia, respetando la voluntad que los ciudadanos hondureños expresen en las urnas electorales, sin las intromisiones y agresiones extranjeras que han estado sufriendo hasta ahora.
Por su parte el gobierno provisional de Roberto Micheletti tiene que contribuir a la solución electoral revocando la suspensión de garantías constitucionales y las medidas gubernamentales dispuestas contra los medios zelayistas de comunicación, no obstante, que éstos sean más agitadores que informativos. La libertad de prensa no debe ser coartada por ninguna razón y en ninguna circunstancia. A la libertad y la democracia no se les puede defender atropellándolas de cualquier modo, como lo hacen sus enemigos. Ésta es una cuestión de principios.
