La Policía Nacional fue condecorada ayer por la Asamblea Nacional, con motivo de su treinta aniversario, en medio de un intenso debate público sobre su comportamiento cuando ocurren las agresiones de las turbas oficialistas, contra personas opositoras y miembros de la sociedad civil que de manera pacífica tratan de ejercer sus derechos de manifestación pública y libertad de expresión.
Fue por eso que diputados de oposición aclararon que la condecoración era para la Policía como institución, no en lo personal para su jefa, la primera comisionada Aminta Granera. Y precisaron que se le concedió la Orden de la Asamblea Nacional como reconocimiento a su lucha contra el crimen común, independientemente de su criticado comportamiento en los casos de las agresiones de las turbas oficialistas contra la ciudadanía democrática.
En realidad, los cuestionamientos públicos a la Policía Nacional son precisamente por su indiferencia —que raya en la complicidad—, ante los brutales ataques de las turbas contra manifestantes cívicos e indefensos de la oposición y la sociedad civil. Además, porque se ha conocido que oficiales de la Policía, en vez de proteger a los agredidos como es su deber, más bien justifican las agresiones de los violentos partidarios del gobierno de Daniel Ortega.
La explicación que ha dado la jefa Granera, por la conducta de los oficiales que ven con indiferencia y en algunos casos hasta con regocijo los ataques de las turbas contra ciudadanos pacíficos e indefensos, es que la Policía no puede tomar partido en los conflictos políticos. Pero ese argumento es insostenible. Nadie de la oposición, de la sociedad civil ni de la opinión pública, le ha pedido a la Policía que intervenga a favor ni en contra de alguien. Lo que se le pide es que proteja a las personas indefensas que sufren las agresiones físicas de sujetos armados con morteros, piedras, tubos y garrotes, y en algunos casos hasta con armas de fuego. Lo que con todo derecho se le exige a la Policía Nacional, es que cumpla su obligación institucional, establecida en el artículo 97 de la Constitución Política de la República, de “garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley”, del mismo modo que la manda a ser “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”.
Entendemos que de acuerdo con lo que manda ese artículo constitucional, la Policía Nacional tiene que ser obediente al Presidente de la República, actualmente Daniel Ortega, a cuya autoridad está sometida institucionalmente. Pero ante todo la Policía debe obedecer a la Constitución, que la obliga a garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por lo tanto, a darles protección cuando son agredidos. Debe cumplir igualmente, de manera incondicional, su obligación de prevenir y perseguir el delito, y en consecuencia de someter a los delincuentes, vale decir en este caso, a los miembros de las turbas cuando atacan brutalmente a personas pacíficas e indefensas.
Personas que dicen conocer muy bien a la señora Aminta Granera, aseguran que ella es una funcionaria democrática, justa y correcta, que hace un gran esfuerzo por mantener la institucionalidad de la Policía Nacional en las condiciones adversas creadas por el gobierno de Daniel Ortega. Y estiman, en consecuencia, que no se le debe culpar por el indebido comportamiento de efectivos policiales ante los actos delictivos de las turbas, el cual se debe a la mala influencia y el mando autoritario de Daniel Ortega. Quienes así piensan, dicen que peor sería la situación si Aminta Granera fuese sustituida por algún orteguista radical, pues entonces la Policía Nacional ya no sería cómplice de las turbas por pasividad, sino que compartiría la acción represiva directa contra la población, como ocurre en Cuba y Venezuela.
Cabe esperar, entonces, que eso es lo que va a suceder en Nicaragua, cuando la señora Granera termine su mandato y sea sustituida con un cuadro orteguista represivo. Pero la lucha por la libertad y la democracia exige denunciar ahora y seguir denunciando en cualquier otra circunstancia, las malas actuaciones de la Policía, y exigiéndole que vele por los derechos humanos y las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses, no sólo de los orteguistas.
