Investigadores académicos de la problemática política de América Latina, como por ejemplo Khatchik Derghousgasián, eminente profesor de Derecho Internacional de la Universidad de San Andrés, en Argentina, explican que la razón de que en unos países exista y gobierne una izquierda que es democrática, moderada y reformista, la cual promueve los cambios sociales sin atentar contra las libertades y los derechos democráticos, como es el caso de Chile, Uruguay y Brasil; mientras que en otros países latinoamericanos, como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, la izquierda gobernante sea autoritaria, enemiga acérrima de la libertad y la democracia, radica en que en los primeros hay institucionalidad y en los segundos no existe.
Se entiende por institucionalidad aquella situación en la que el poder político se disocia de los individuos que lo ejercen y se integra a la institución estatal. O sea que hay institucionalidad cuando y donde las instituciones, las leyes y la justicia están por encima de la voluntad de los individuos que gobiernan.
Eso es lo que ocurre en países como Chile, Uruguay y Brasil, que son gobernados por partidos y personas de izquierda de manera impecablemente democrática; pero no sucede lo mismo en Nicaragua, por ejemplo, donde Daniel Ortega también es de izquierda pero a diferencia de Michelet, Tabaré Vázquez y Lula da Silva, los que respetan el Estado de Derecho y la libertad, el gobernante nicaragüense se burla de la Constitución y de las leyes, pasa por encima de las instituciones y atropella los derechos, la libertad y la seguridad jurídica, personal y pública de los ciudadanos.
De manera que de nada o de muy poco sirve que en Nicaragua, la Constitución contenga un extenso elenco de derechos y libertades que formalmente ponen al país a la altura de cualquier otra nación libre y democrática del mundo, porque al no haber instituciones sólidas, confiables y respetables que aseguren el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, esas garantías se vuelven adjetivas e inefectivas. Igualmente, de poco o de nada sirve que haya en Nicaragua un conjunto de leyes actualizadas y modernas, copiadas de países avanzados y aprobadas gracias a la cooperación internacional, porque no se gobierna con eficiencia, transparencia y respeto al Estado de Derecho.
Para no ir muy lejos, en relación con lo ocurrido el sábado pasado en los predios de la Catedral de Managua, la Constitución dice en su Artículo 53 que “se reconoce el derecho de reunión pacífica; (y que) el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”. Sin embargo, de nada sirvió ese derecho constitucional ante la intolerancia y la compulsión represiva de Daniel Ortega, quien mandó a sus partidarios a agredir a los miembros de la Coordinadora Civil que iban a realizar una actividad sociocultural. Tampoco sirve de nada, para citar otro ejemplo reciente, la garantía constitucional de la propiedad y la prohibición de decomisar ningún medio ni instrumento para la difusión del pensamiento, ante la prepotencia gubernamental que por represalia política mandó a cerrar radio La Ley, de Sébaco, y despojó de los equipos radiales a su legítimo dueño.
Hechos como esos no ocurren ni podrían ocurrir en Chile, Brasil y Uruguay, naciones que también son gobernadas por personas políticas de izquierda, pero decentes y democráticas. Como dice el mencionado profesor argentino de origen libanés, Khatchik Derghousgasián, la ética personal de los presidentes Bachelet, Tabaré Vázquez y Lula da Silva, es muy importante en la congruencia de sus gobiernos de izquierda con la libertad y la democracia, así como en el desarrollo de “un proceso político en que la competencia democrática no se caracteriza por discursos polarizados más parecidos a antagonismos irreconciliables”. Pero eso sólo explica una parte del fenómeno, aclara el académico, porque “esta ética personal es más bien el reflejo de una cultura política forjada por una notable fortaleza de institucionalidad estatal, un concepto que no se debe confundir con el fetichismo del Estado fuerte”.
Así es la cosa. La clave es la institucionalización del Estado y del ejercicio del poder político. Lamentablemente los demócratas nicaragüenses perdimos la oportunidad de hacerlo, a partir de 1990, después de la derrota electoral de la dictadura sandinista. Pero hay que volver a intentarlo, hasta conseguirlo, para lo cual primero hay que liberarse del oprobioso régimen personalista, familiar y tribal de Daniel Ortega.
